El derecho al cuidado infantil debe estar inscrito en la Constitución, pidieron integrantes de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados.
La diputada Laura Cristina Márquez y otros miembros de su fracción plantearon reformas a los artículos 4 y 123 de la Carta para reconocer el derecho señalado y establecer las obligaciones del Estado en materia de cuidado de los menores de edad.
Derecho a cuidados infantiles
En los cambios al artículo cuarto del texto constitucional, pidieron agregar disposiciones en beneficio de la infancia.
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“Niñas y niños tienen derecho a servicios de cuidado infantil de calidad que fomenten su desarrollo integral, en condiciones de seguridad y bienestar”, dice el documento.
“El estado garantizará el acceso universal a dichos servicios mediante políticas públicas, programas y esquemas de financiamiento sostenibles, priorizando a las familias en situación de vulnerabilidad y marginación”, agrega.
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En el artículo 23 de la constitución, pidieron añadir que “los patrones deberán garantizar el acceso a servicios de cuidado infantil certificados para los hijos de sus trabajadoras y trabajadores, a través de la provisión directa de espacios adecuados o mediante convenios con instituciones autorizadas por la autoridad competente”.
Reactivar estancias infantiles
En la argumentación, los congresistas del PAN recordaron que en sexenios anteriores, las estancias infantiles se implementaron como parte de la política pública para garantizar igualdad de oportunidades a las mujeres y al mismo tiempo, el desarrollo integral en la primera infancia.
Dicha iniciativa se implementó en el año 2007, con el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón y la instancia responsable de su operación era la Secretaría de Desarrollo Social.
Las estancias infantiles desaparecieron el sexenio anterior, cuando desde el año 2019, el Ejecutivo Federal suprimió la asignación presupuestal respectiva, lo que tuvo como efecto la imposibilidad de miles de niños y niñas y sus madres y padres, de acceder a servicios de cuidado infantil.
Esto provocó la pérdida de espacios para el desarrollo de los menores y de oportunidades laborales y educativas para sus padres, en especial para las madres de familia.
La administración pasada determinó que los cuidados a la primera infancia se llevarían a cabo a través de la entrega directa de dinero a padres y madres de familia.
Entre las razones para tomar esa medida, el gobierno en ese entonces aludió a casos de corrupción en el uso del presupuesto entregado a las estancias.
También señaló que las familias tendrían una mayor libertad para decidir cómo emplearían el apoyo económico para atender a los menores de edad.
Sin embargo, los resultados de esa decisión incluyeron la reducción en la cobertura de servicios de cuidado infantil, impacto en su desarrollo, una mayor desigualdad para las madres que perdieron oportunidades laborales y educativas, refrendaron los panistas.
En suma, enfatizaron, los niños y niñas se quedaron sin cuidados, y sus madres y padres sin espacios para mejorar la economía familia o promover su propio desarrollo económico y escolar.
Agregaron que de acuerdo al Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020, del entonces existente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en las estancias infantiles eran atendidos 329 mil menores, en 2018; y para el 2020, la cobertura había caído drásticamente.
El Instituto Nacional de las Mujeres, Inmujeres, dio a conocer que al desaparecer las estancias infantiles e iniciar el reparto de transferencias monetarias a madres de familia, el 60 por ciento de las mujeres en comunidades rurales dejaron de llevar a sus hijos a instancias que daban servicios de cuidado infantil.
Si bien el Informe de Evaluación del Programa de Estancias Infantiles de 2018, reveló que cerca del 40 por ciento de esos centros no cumplían con los estándares mínimos de calidad, con su desaparición, la calidad de los servicios en la materia fue aún más incierta, relataron.
La diputada promovente y sus compañeros añadieron que en términos laborales de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la participación de mujeres en el trabajo cayó en más del 50 por ciento en las comunidades más afectadas por la desaparición de las estancias.
Refirieron que el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) reveló que la falta de servicios de cuidado infantil, va asociada a pérdidas económicas de aproximadamente 17 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aunado a que se limita la productividad de las mujeres en edad laboral.