En la Cámara de Diputados continúan los foros sobre la ley de telecomunicaciones organizado por la Comisión de Radio y Televisión.
Especialistas, académicos y abogados plantearon consideraciones sobre las posibles violaciones a la libertad de expresión con medidas que podrían aplicar a discreción, así como los vacíos y errores en materia de derechos de las audiencias, que incluye la norma a discusión.
Riesgo de restricciones a la libertad de expresión
Arturo Ramos Sobarzo, director del Centro de Investigación e Información Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, señaló que, si bien el propósito de la ley es combatir noticias falsas y evitar que se presente información disfrazada de opiniones, la imposición de un “vigilante” para regular esas prácticas en los medios de comunicación, no es la vía adecuada.
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Lo anterior, en relación a las facultades que se propone otorgar a la Agencia de Transformación Digital del Gobierno Federal.
El jurista recalcó que la tendencia internacional para establecer contrapesos, diferenciar noticias de opiniones de los conductores y poner frenos a las noticias falsas, es la libertad de expresión e información.
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“Un tanto peligrosa esta manera a rajatabla que pretende establecer la ley como derecho de las audiencias, que es muy importante y está muy bien que tenga esa previsión, pero más bien es el tratamiento jurídico que se le da ahora, como si se pudiera distinguir tan fácil el hecho noticioso de la opinión”, anotó.
Dijo que la ley tiene el buen propósito de evitar la difusión de información falsa o que se escondan opiniones a través de la presentación de noticias.
“Pero esto es muy complicado y justamente el parámetro internacional que se ha establecido es que haya una plena libertad de expresión y que, por supuesto hay una preocupación de combatir o de disfrazar noticias con opiniones, pero esto no se combate con regulación o con un vigilante que esté al pendiente de lo que se diga, sino ¿cómo se combate?, pues precisamente con mayor libertad”, y permitiendo que los usuarios apliquen su criterio.
Fallas en el reconocimiento de derechos de las audiencias
María Lizárraga Iriarte, consejera de la asociación A Favor de lo Mejor, manifestó que la ley propuesta restringe los derechos audiencia a quienes ven contenidos a través del servicio público y en algunos casos por televisión restringida o de paga, dejando fuera a quienes consumen contenidos a través de plataformas digitales.
Eso, alertó, genera asimetrías en el sector, vacíos legales, y probables violaciones a derechos de determinadas audiencias.
Suspensión de transmisiones
Asimismo, compartió preocupación con otros invitados al foro que hicieron notar las amplias facultades que se pretende dar a la Agencia Digital, de suspender de inmediato transmisiones, cuando esa instancia considere que infringen la ley, aunado a que esos parámetros los definirá la propia Agencia en los lineamientos a su cargo.
Las suspensiones a transmisiones por distintos motivos, deberían ser cautelares como actualmente marca la norma, y no llegar al extremo de hacerlas inmediatas, si dar oportunidad de defensa al concesionario.
Se trata de medidas desproporcionadas, que deberían aplicar en casos específicos y justificados, por ejemplo, cuando se trate de la protección a las infancias, anotó.
Restricción a derechos
En su intervención, Luis Enrique Pereda, integrante del Consejo Directivo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados señaló que la libertad de expresión es central en la discusión de la propuesta de regulación para el sector telecomunicaciones, planteada por la Jefa del Ejecutivo Federal.
“En medio de tómbolas, acordeones”, elecciones judiciales y los peligros para ejercer el periodismo en México, donde informar es más peligroso que en países en guerra, remarcó, es indispensable defender la libertad de expresión.