En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, en el Foro Nacional, Alcances Jurídicos Contra la Desaparición Forzada y las Comisiones Especiales de Búsqueda, el abogado Sandino Rivero, defensa del caso Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y Nadin Reyes Maldonado, coordinadora del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, hija de Reyes Amaya, desaparecido con Cruz Sánchez en Oaxaca hace 18 años, en 2007, coincidieron en que “toda decisión judicial desde el nivel municipal hasta el internacional, siempre consiste en un acto de poder inherente a la conducción o gobierno de un pueblo”.
“En el caso de la desaparición forzada sabemos que hay alrededor de 115 mil personas desaparecidas reconocidas oficialmente en el país y eso nos obliga a mirar en función de una estrategia jurídica distinta. El caso del Edmundo y Gabriel es un caso de litigio estratégico que no sólo ha involucrado la parte jurídica y legal sino la movilización social y política de defensores de derechos humanos y también de organizaciones que tienen un gran arraigo en el pueblo”, agregó Rivero.
“El caso del Edmundo y Gabriel, el litigio ha durado desde el 2007, desde que inicia la desaparición; en el estudio jurídico iniciamos a acompañarlos en el 2009-2010. En el año 2013 se publica una nueva Ley de Amparo, es un mecanismo que sirve para exigir derechos que han sido violados por acción o por omisión por parte de autoridades. Se permitía que de manera literal las personas puedan reclamar un hecho de desaparición forzada. Presentamos una demanda de amparo en donde Nadine como hija del Mundo y Margarita como hermana de Gabriel la firman y lo que esencialmente reclamamos son dos cosas, la desaparición del Edmundo y de Gabriel, pero también la omisión en la investigación por parte de la Fiscalía”, indicó el abogado.
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“Esto es lo que permite que en el año 2022, nueve años después que se inició el litigio, se ordenara la creación de una comisión especial de búsqueda. Este litigio llevó un tiempo muy largo hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia. En el 2019 la jueza que conoció del amparo emite una sentencia en primera instancia y reconoce la violación de derechos humanos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Autoridades de Oaxaca y de la Fiscalía General de la República”, apuntó Rivero.
“En esta sentencia se reconoce la desaparición forzada del Mundo y de Gabriel por parte de elementos del Ejército Mexicano, pero también por parte de diversas autoridades policíacas del Estado de Oaxaca a nivel municipal y también estatal. Recordarán que la Fiscalía no quiere, se inconforma con esta sentencia. También el Ejército se inconforma y la impugna jurídicamente. A nosotros lo que nos corresponde pues es presentar una revisión adhesiva porque queríamos que se sostuviera la sentencia” destacó el abogado.
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“Para el punto concreto de la comisión especial de búsqueda me voy a centrar la Fiscalía General de la República y el Ejército. Dicen esto no se puede porque ‘ya existe una Comisión Nacional de Búsqueda’. Y es cierto, pero también lo cierto es que esta ley da la posibilidad de crear grupos interinstitucionales de búsqueda. Pensamos que esa puede ser una medida que contribuya al caso de Edmundo y Gabriel, pero también que contribuye a otros casos de desaparición forzada. El caso de Edmundo y Gabriel llega en el 2020 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en agosto de 2022 se resuelve. Porque también había venido el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Ya se había expresado en contra de ciertas políticas omisivas del gobierno del Estado Mexicano y para el caso de la desaparición forzada lo que dice la sentencia es que esta es una medida de reparación integral del daño, solo una de varias que ordenó, ideal o digamos razonable para dar con la suerte y paradero de Edmundo y de Gabriel. En los cuarteles militares podrían llegar y pedir el ingreso y los militares tendrían la obligación de permitir el ingreso para buscar a las personas desaparecidas como es el caso de Edmundo y de Gabriel. Los obliga aún así a pesar de estos cambios a dar continuidad porque no importa, independientemente de quién esté, el gobierno que esté, tienen que dar cumplimiento a la sentencia y creo que eso es relevante y es lo que hace diferente a las otras comisiones que no tenían ese carácter porque eran más de una cuestión política, una cuestión civil destacadas por la Suprema Corte y que ahora pues sí tienen que ser obligatorias para muchos jueces y magistrados que conozcan de estos casos de desaparición forzada y que nosotros decimos ahora debería ser más pronto”, finalizó Rivero.
“La resolución en un caso nuevo de desaparición forzada debería ser más pronto dado que ya hay precedentes que establecen cómo se tiene que resolver y no se van a llevar tanto tiempo esperemos, no como lo que nos llevó a nosotros que fueron casi más de 13 años en tener esta sentencia”, concluyó por su parte Nadin Reyes.