La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) comenzará a tomar medidas en torno a la denuncia contra el subsecretario de Gobierno del gobierno capitalino, Fadlala Akabani, por haber incurrido en violencia política de género, informó la integrante de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Mónica Sandoval.
La congresista, en calidad de víctima, señaló que en su segundo intento al acudir a la Fiscalía local pudo ratificar la denuncia contra el servidor público.
El siguiente paso en el proceso será la realización de exámenes psicológicos para determinar en qué medida resultó afectada, tal y como lo ordenó la instancia impartidora de justicia.
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“Sí ratifiqué, ya tienen los videos donde se ve claramente la discriminación que sufrí, la invisibilización que quiso hacer el señor, ahorita tengo que esperar a que me den la cita para el psicólogo, y bueno, creo que ahí vamos, dicen que va paso a paso”, narró.
Justicia lenta
Sandoval Hernández señaló que si bien pudo ratificar su queja contra Akabani Hneide y han comenzado las actuaciones de la autoridad local, al disponer que se someta a un examen psicológico para verificar si la actuación del denunciado le provocó daño, el acceso a la justicia no solo en la Ciudad de México sino en el país, es lento y difícil.
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En la institución de justicia autorizaron la realización de la valoración psicológica, pero no se estableció una fecha precisa, por la saturación existente.
Consideró que ese hecho podría representar un nuevo obstáculo para que se haga justicia en su caso.
La situación es mucho más grave para otras mujeres víctimas de delito que no tiene la ventaja de contar con un puesto público como ella, al ser legisladora federal, e incluso contar con fuero constitucional
“Eso es lo malo, los tiempos; cuántas mujeres que vienen a denunciar casos de violencia tienen que esperar a que haya un espacio para atenderlas como se merecen, quizá a muchas nunca les llaman”, alertó.
Violencia política en razón de género
La congresista remarcó que el caso de violencia política de género perpetrada en su contra por un servidor público, cumple con las características que marca la norma para ser atendido y procesado en los términos planteados.
Afirmó que los actos realizados por el subsecretario de Gobierno capitalino, están contemplados como conductas violatorias de disposiciones previstas en la Cartilla de Derechos de las Mujeres emitida por el Gobierno Federal, y que contempla el derecho a la libre expresión, al libre tránsito y el derecho de acceso a la justicia.
Aprovechó su situación para hacer un llamado a la Presidenta de la República y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a hacer valer los postulados que están inscritos en el documento referido.
Recalcó que seguirá trabajando en las calles de la capital, atendiendo a la ciudadanía y alzando la voz como lo hizo el pasado mes de marzo, cuando fue violentada por el subsecretario Akabani Hneide.