Por mayoría de tres votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohibía a los servidores públicos promocionar la elección judicial.
Las magistraturas de la mayoría consideraron que el INE “no cuenta expresamente con atribuciones exclusivas y/o excluyentes para la promoción o difusión en exclusiva del ejercicio o de la participación ciudadana en el Proceso Electoral Extraordinario”.
La magistrada Janine Otálora Malassis, quien junto con el magistrado Reyes Rodríguez se pronuncio por confirmar el acuerdo, señaló que es la propia ley la que establece la prohibición.
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“Como se puede apreciar, es la misma ley electoral que prohíbe expresamente el uso de recursos públicos para actos tantos de promoción como de propaganda, actividades que el propio legislador distingue, pero abarca en una misma prohibición. Es decir, la prohibición es total, porque lo que inhibe es el uso de recursos públicos tanto para fines proselitistas, como para fines de difusión institucional”.
Sin embargo, el magistrado Felipe Fuentes Barrera manifestó que una ley no se puede emplear para imponer el silencio.
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“Pero no podemos interpretar una norma creada para evitar abusos, como si fuera una norma diseñada para imponer el silencio. Debemos ser claros, promover la participación ciudadana no es lo mismo que hacer campaña, y en la Constitución se refleja”.
En tono irónico, la presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, externó su extrañeza por el acuerdo del INE.
“Les voy a decir un secreto. Va a haber elecciones el próximo primero de junio de este año, pero no se lo digan a nadie. Quiero decir que me siento sorprendida, un poco contrariada en este posicionamiento que se hizo en el Instituto Nacional Electoral, en la toma de este acuerdo, en donde pareciera que se está buscando llevar una elección silenciosa”.
Con la resolución del TEPJF, los Poderes de la Unión no podrán promover el voto y la participación ciudadana con relación a los procesos electorales locales, mientras que los poderes locales no podrán pronunciarse sobre las elecciones federales.
Toda promoción y difusión deberá ser imparcial y con carácter institucional, es decir, no debe dar pie a ningún tipo de propaganda personalizada o de proselitismo, ni mencionar a partido político o candidatura alguna, ya sea a favor o en contra de estas.
Las candidaturas que sean integrantes de alguno de los Poderes de la Unión no podrán participar en la propaganda institucional.
Asimismo, los legisladores federales podrán promover la elección judicial en cualquier otro medio que permita comunicar la promoción, siempre y cuando los recursos públicos utilizados estén destinados a la comunicación social con fines constitucionalmente lícitos, sin algún tipo de sesgo o apoyo a determinada candidatura, mientras que los congresistas locales podrán hacer lo mismo en las elecciones de sus respectivas entidades.