Al encabezar la segunda reunión con familiares de desaparecidos, colectivos y representantes de la Iglesia Católica, la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez adelantó que se destinarán más recursos para la adquisición de tecnología que coadyuve a la búsqueda de personas desaparecidas en el país.
Al término del encuentro que duró más de tres horas en un hotel de la Ciudad de México, la funcionaria Federal refrendó el compromiso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para acompañar a los familiares de las víctimas.
“El gobierno de México es sensible del sufrimiento de las familias y es nuestro deber, no es una concesión atenderlos y ayudar a caminar a resolver el problema de las desapariciones, para ello destinaremos recursos para que el gobierno de México por ejemplo, cuente con innovaciones tecnológicas y herramientas avanzadas para encontrar a sus familiares”, indicó.
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Además dejo en claro que las están en contra de la impunidad, y dijo que no es un interés político sino buscar la verdad y la justicia.
“El gobierno está en contra de la impunidad y en todos los casos estamos por el respeto irrestricto los derechos humanos, tengan la certeza de qué estamos de su lado en la búsqueda de la verdad y la justicia, no queremos otra cosa, no es un interés político, que interés político se puede tener, es una obligación y también lo hacemos, no es nada más escuchar, hay que cambiar hay que hacer cosas positivas”, señaló.
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A su vez, Jacqueline Palmeros madre y fundadora del colectivo “Una Luz en el Camino”, pidió a medios de comunicación y autoridades no politizar su desgracia. Denunció que a las desapariciones se suman los delitos de pedofilia, de trata en el caso de mujeres y de muchos otros crímenes como la adopción ilegal que llevan a una desaparición de una infancia.
Ante la indolencia de las autoridades, exigieron los familiares de las víctimas de desaparición que les devuelvan su dignidad, y que las autoridades agarren el pico y la pala para que ayuden a la búsqueda con resultados concretos.
Entre las peticiones formales que se mencionaron durante toda la sesión fueron 10 puntos: revisar los perfiles de los funcionarios que están al frente de la atención a las familias de los desaparecidos, y fortalecer las fiscalías estatales para combatir la impunidad; fortalecer los servicios forenses.
Además, conformar mesas de trabajo a nivel federal y a nivel estatal para seguimiento; reconocer legalmente el trabajo de los colectivos de búsqueda; aceptar la colaboración de organismos internacionales, y que la nueva ley garantice la seguridad de los colectivos de búsqueda.
De igual forma, coordinación entre los distintos niveles de gobierno; fortalecer la investigación del rancho Izaguirre, y atender la niñez desaparecida, con protocolos diferenciados y realizar campañas de prevención de la desaparición.
Los asistentes pidieron que los funcionarios públicos que no cumplan con su labor ante las denuncias por este delito, no solo reciban sanciones administrativas, sino de tipo penal.