México es el tercer país con mayor índice de criminalidad en el mundo, impulsado por el control territorial del crimen organizado y la corrupción institucional, según alerta la Fundación para la Justicia. En su más reciente informe entregado al Comité de Naciones Unidas de Trabajadores Migratorios, la organización denuncia que casi el 90% de las investigaciones en México no se resuelven y que la violencia contra migrantes permanece impune.
La Fundación advierte que la macrocriminalidad en México abarca desde el narcotráfico y la trata de personas hasta las desapariciones forzadas y la corrupción política. Estas redes operan con estructuras criminales, empresariales y políticas, protegidas por la impunidad y, en ocasiones, por la complicidad del propio Estado. Los grupos delictivos controlan zonas clave como fronteras, rutas de transporte, puertos y ciudades enteras, especialmente en estados como Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Tamaulipas.
Pese a la aprobación de mecanismos como el MAEBI para facilitar la búsqueda de migrantes desaparecidos en el extranjero, los avances han sido mínimos. Consulados como el de México en El Salvador se niegan a recibir denuncias y no existe una participación real de las familias en la elaboración de políticas públicas.
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A la par, reformas recientes como la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena y la modificación al Poder Judicial debilitan aún más el acceso a la justicia para migrantes. Además, tras los acuerdos entre México y EE.UU. como el programa “Quédate en México”, miles de personas fueron devueltas a nuestro país, donde enfrentaron secuestros, extorsiones y abusos.
La Fundación ha documentado al menos 6,117 víctimas migrantes en 2024, y mantiene abiertos casos emblemáticos como la masacre de 72 migrantes en San Fernando (2010), las fosas con 196 restos (2011) y los 49 torsos de Cadereyta (2012), muchos de los cuales aún esperan ser identificados y repatriados. De los más de 120 casos documentados en colaboración con el MAEBI, solo 20 personas han sido localizadas, y ninguno ha llegado a juicio.
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La impunidad, la falta de una política migratoria efectiva y la omisión del Estado continúan dejando a miles de migrantes desaparecidos y a sus familias sin respuestas ni reparación.