Francisco Álvarez Morphy, El Rey de las vacunas, sufrió un revés en el litigio que inició contra la orden de aprehensión que se libró en su contra, en el mes de septiembre de 2020, por el delito de defraudación fiscal.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, quien determinó que cuando el imputado se sustrae de la acción de la justicia, existe una elevada necesidad de cautela, por lo que se puede activar una excepción que permite librar la orden de aprehensión sin haber agotado los otros dos medios.
El empresario argumentó que el mandamiento de captura es ilegal y violenta sus derechos, entre ellos el de presunción de inocencia, luego de haber comparecido ante un juez de control por la acusación que le formuló la Fiscalía General de la República (FGR).
Te podría interesar
Sin embargo, Alcántara Carrancá señaló que la orden de aprehensión tiene como objetivo garantizar que una persona se presente o asista ante un órgano jurisdiccional penal, por primera ocasión, con la finalidad de comunicarle que se ha presentado en su contra una denuncia sobre un hecho probablemente constitutivo de un delito, y que existen datos de prueba que establecen que probablemente lo ha cometido o que participó en su comisión.
Agregó que tampoco debe confundirse el mandamiento de captura, con la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, ya que no se encuentra previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Te podría interesar
De acuerdo con los antecedentes del caso, Morphy Alarcón obtuvo en el gobierno de Enrique Peña Nieto más de 3 mil 728 millones de pesos por la compra de dosis a sus empresas Laboratorios Imperiales y Grupo Laboratorios Imperiales Pharma.
Sin embargo, en 2019 la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a Grupo Laboratorios Imperiales Pharma derivado de una investigación de la Secretaría de Salud (SSA) por incumplir en la entrega de vacunas triple viral.
La empresa había sido creada en 2017 y un año después obtuvo 17 contratos, todos por adjudicación directa, por un monto de mil 144 millones 651 mil 867 pesos, para proveer, principalmente de vacunas, a cuatro dependencias de gobierno.