En la Cámara de Diputados, desde la bancada del Partido Verde (PVEM) se solicitó a las autoridades ambientales a nivel federal a informar claramente sobre la estrategia para poner freno a la tala ilegal de árboles y los cambios de uso de suelo en zonas de conservación ecológica.
El legislador José Luis Hernández manifestó que el nivel de deforestación de bosques a causa de la tala ilícita en el país, es preocupante.
Refirió que de acuerdo a información oficial, a finales del año 2021 había 122 zonas críticas forestales en 20 estados de la República, problemática ocasionada por la tala clandestina, el “lavado de madera”, la extracción de “madera sana” y la sobreexplotación de los recursos.
Te podría interesar
La situación se ha agravado a causa de las sequías y demás efectos del cambio climático, aunado a que ha provocado una menor captación de agua para uso humano.
Transparentar información sobre combate a la tala ilegal
Hernández Pérez pidió que el Pleno del recinto respalde la petición al Gobierno Federal para que, a través de las dependencias responsables del sector ambiental, informen claramente sobre las acciones estratégicas para frenar los delitos de tipo forestal como los mencionados.
Te podría interesar
En la argumentación, el congresista expresó que en el año 2001, el nivel de deforestación al año alcanzaba las 500 mil hectáreas del terreno nacional, ello, de acuerdo al Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Al advertir sobre el avance de la problemática, consideró que se requieren fortalecer las sanciones contra la tala inmoderada, y al mismo tiempo, reforzar la educación ambiental desde el nivel básico.
La tala ilícita de bosques, recordó, tiene una serie de efectos negativos que ponen en riesgo el bienestar de las personas, la riqueza natural, provoca desplazamiento de poblaciones originarias, acelera la pérdida de suelos, fauna, flora y de la biodiversidad, genera escasez de agua y erosión de los suelos.
Manifestó que en enero de este 2025, las autoridades ambientales a nivel federal y el gobierno de la Ciudad de México, del Estado de México y de Morelos, firmaron un convenio para conservar y proteger el “bosque de agua” que alimenta los acuíferos en el centro de la República, a través de los que se obtiene agua para 37 municipios y alcaldías de la región.
Ese esfuerzo, consideró el promovente, debería replicarse en el resto de las zonas vulnerables en el país a causa de las actividades ilícitas que afectan los ecosistemas.