El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y los organismos homólogos en las 32 entidades, deben aplicar programas de capacitación a los servidores públicos, para que cumplan debidamente su obligación de garantizar los derechos de personas con discapacidad, pidieron integrante de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados.
Las diputadas Mónica Herrera, Catalina Díaz y el coordinador Reginaldo Sandoval demandaron que las instituciones en materia de combate a la discriminación a nivel nacional y estatal redoblen esfuerzos para garantizar el respeto a los derechos de personas con discapacidad, comenzando por los funcionarios públicos.
Al pedir que la Cámara respalde el llamado, los petistas advirtieron que en la administración pública a nivel federal y local, se invisibiliza a las personas con discapacidad, cuyos derechos no se consideran prioritarios.
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Tras recordar que de cada 100 personas con discapacidad en el país, tienen 60 o más años, subrayaron que se tratade una población particularmente vulnerable.
Instituciones públicas invisibilizan a personas con discapacidad
Manifestaron que el país cuenta con leyes para incluir a las personas con discapacidad, donde se establece la obligación del Estado de promover, proteger y asegurar el respeto a los derechos y libertades de esa población; aunado a que hay normas contra la discriminación.
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Sin embargo, en los hechos, desde las propias instituciones públicas, incluyendo dependencias federales y en especial de los gobiernos estatales, se invisibiliza a ese grupo poblacional y sus necesidades.
Servidores públicos no respetan los derechos de personas con discapacidad eliminando espacios físicos para darles atención, incumpliendo con disposiciones en materia de accesibilidad física a las instalaciones públicas.
También descuidan los recursos técnicos, materiales y humanos para atender adecuadamente a las personas con discapacidad, lo que afecta su dignidad y violenta sus derechos.
Deportistas con discapacidad desplazados
Como ejemplo, citaron el de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, donde autoridades de la actual y la anterior administración han incurrido en acciones discriminatorias de deportistas de la selección nacional de parabadminton.
Los petistas denunciaron que los atletas que practican ese deporte no cuentan con servicio de elevador desde hace dos años y se ven obligados a acceder a la cancha especializada en el deportivo Gumersindo Romero, subiendo las escaleras por medios manuales y “arrastrándose” por las escaleras.
Asimismo, las autoridades de la presente administración los desplazaron de lugar de entrenamiento para dar cabida a personas que practican otro deporte.
Los petistas afirmaron que ese hecho es uno de los miles que se presenta a nivel nacional y local, sin que las autoridades federales y locales respondan ante las peticiones de los usuarios.
Indicaron que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece que las dependencias federales, estatales y todos los organismos autónomos, desconcentrados y paraestatales, incluyendo a los poderes de la Unión, a particulares a sectores sociales y privados que presten servicios a esa población, están obligados a cumplir la ley.
El resto de las normas alusivas deben prevenir y corregir tratos directos o indirectos que no sean adecuados para esa población, garantizar igualdad y trato equitativo, así como eliminar todo obstáculos que puedan impedir el ejercicio de sus derechos.
“Es por ello que se les hace un llamado a las autoridades locales y estatales, para que se comprometan a respetar, garantizar y reconocer los principios y derechos de las personas con discapacidad, a fin de que las autoridades cuenten con programas de mantenimiento de la infraestructura los servicios básicos, como son oficinas gubernamentales, salas de cultura, centros deportivos, entre otros”, concluyeron.