La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a establecer reglas claras ante la intervención ilegal desde la esfera gubernamental y político partidista en la promoción de la elección judicial.
El vicecoordinador económico del albiazul en San Lázaro, Héctor Saúl Téllez sentenció que se están violentando los principios de equidad y legalidad en la contienda con la abierta intromisión del Ejecutivo Federal, la mayoría en el Poder Legislativo e integrantes de partidos en el proceso señalado.
Criticó el modo en que, desde la Presidenta de la República hasta los congresistas federales están tratando de influir en los votantes, manipular su criterio y orillarlos a votar por aspirantes a juzgadores afines a ellos, a través de mensajes en actos públicos y otras acciones no permitidas.
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“El llamado que hace Morena y el gobierno a participar en la elección de la reforma al Poder Judicial, es decir, en la elección de los nuevos integrantes del Poder Judicial es completamente ilegal. Claramente la reforma al Poder Judicial marcó en su articulado la prohibición de que el ámbito político y gubernamental se inmiscuyeran en la realización de estas elecciones, en la promoción”, recalcó.
Sanción por intromisiones ilegales en la elección judicial
Téllez Hernández exigió que haya sanción a servidores públicos y políticos que se inmiscuyan ilegalmente en la difusión de los comicios judiciales, con el fin de imponer candidatos afines al partido en el gobierno.
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Las sanciones por actuaciones ilegales en la elección judicial que establezca el INE deben estar acompañadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de lo contrario, las anomalías no cesarán, advirtió.
Recordó que el propio INE fue el que detectó anomalías en los arranques de campaña de las ministras de la Suprema Corte, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, identificadas como afines al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
“Por eso hacemos un llamado enérgico al INE para que establezca los lineamientos claros y pueda llevar a cabo las sanciones correspondientes contra todo servidor público o bien, contra un político o partidos políticos que estén inmiscuidos en la promoción ilegal del proceso de elección del Poder Judicial”, subrayó.
Si se imponen sanciones y el Tribunal Electoral no las respalda, se abrirá la puerta a la vulneración de todos los principios aplicables a los procesos electorales en materia de equidad, imparcialidad y legalidad.