El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal exigió a Nacional Financiera (NAFIN) la “restitución inmediata” de los 10 mil millones de pesos de los fideicomisos del Consejo del Judicatura Federal (CJF), que transfirió, sin autorización, a la Tesorería de la Federación.
La organización afirmó que esta transferencia es “arbitraria” e “ilegal”, por lo que solicitó a la Judicatura Federal iniciar procedimientos administrativos y penales contra los funcionarios de NAFIN que ordenaron la operación, pese a la existencia de suspensiones judiciales que ordenaron mantener intocados los recursos que serían destinados al pago extraordinario de los jueces que renunciaron o se jubilaron anticipadamente por la reforma judicial.
Agregó que la actuación de Nacional Financiera sienta un “precedente sumamente peligroso para nuestro sistema constitucional”, ya que “si hoy se pueden ignorar abiertamente decisiones judiciales que protegen recursos del propio Poder Judicial, mañana serán desacatadas aquellas que protegen los derechos de cualquier ciudadano”.
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Por ello, también exigió un compromiso público de todas las instituciones del Estado mexicano de acatar las resoluciones judiciales, independientemente de su contenido o de las preferencias políticas del momento.