El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunció que, sin autorización alguna, Nacional Financiera (Nafin) transfirió a la Tesorería de la Federación 10 mil 200 millones de pesos que formaban parte de los fideicomisos que integró el órgano colegiado.
Ante ello, la Judicatura Federal informó que emprendió medidas de conciliación, además de que analiza la estrategia legal procedente.
Indicó que conforme a lo establecido en los transitorios Décimo del decreto de la reforma judicial y vigésimo de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las y los juzgadores que declinen su candidatura o que no resulten electas serán acreedoras a un pago extraordinario, el cual debe ser cubierto con los recursos que deriven del proceso de extinción de los fideicomisos mencionados.
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En este contexto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) exigió al CJF realizar de forma inmediata el pago extraordinario.
Agregó que dicho pago se trata de una obligación constitucional que debió contemplarse como parte de la implementación de la reforma, por lo que la falta de suficiencia presupuestal no puede ser un impedimento.
Agregó que la reforma judicial limita las posibilidades de ingresos de los impartidores de justicia para ejercer profesionalmente en el circuito judicial en el que estuvieron adscritos durante los dos años posteriores al término del encargo, lo cual es del todo desproporcionado debido a que los juzgadores únicamente dependen de su profesión para subsistir y cumplir con los compromisos personales y familiares.