La reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas propuestas por la Presidenta de la República fue aprobada en la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados.
La votación del ordenamiento que será enviado a la Mesa Directiva para que se programe su debate en el Pleno, fue de 25 a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Esa instancia parlamentaria dejó pendiente la aprobación de los cambios planteados por la Jefa del Ejecutivo a la Ley de Adquisiciones, hasta que la Comisión de Presupuesto del recinto avale su opinión sobre el impacto presupuestal del proyecto.
Te podría interesar
Junto a esa reforma, van cambios en materia de economía social y austeridad republicana.
Con reclamos de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), que abandonaron la reunión, la Comisión se declaró en sesión permanente.
Te podría interesar
Modificaciones a la ley de Arrendamientos
A manifestarse contra el procedimiento aplicado por la Mesa Directiva de la Comisión, que circuló los dictámenes a discutir escasas horas antes de la reunión extraordinaria; y por la conducción del presidente de la Comisión, al que acusaron de censurar a la oposición, actuar de manera agresiva e intolerante, los integrantes de la bancada albiazul se retiraron.
En pronunciamientos al respecto, advirtieron que las disposiciones propuestas favorecerán el “amiguismo”, “influyentismo”, la falta de transparencia y la opacidad en la entrega de contratos públicos, al dejar de lado el mecanismo de las licitaciones públicas, para privilegiar otras figuras que derivarán en adjudicaciones directas.
En el anterior sexenio, alertaron, el 78 por ciento de los contratos para adquisiciones y obras públicas, se entregaron de manera directa, sin someterlos a licitación, y la intención de las iniciativas de la Presidenta, es convertir ese tipo de adjudicaciones en la regla, cuando deberían ser la excepción.
“Porque lo que quieren hacer es nuevamente abonar con diversas figuras y métodos nuevos de contratación gubernamental que únicamente van a engrosar la opacidad, van a abonar sobre el amiguismo, sobre el favoritismo, demeritando y minimizando la figura más importante de método de contratación que es la licitación pública”, alertó el vicecoordinador económico de la fracción blanquiazul, Héctor Saúl Téllez.
En la discusión en la Comisión, los integrantes de las bancadas mayoritarias defendieron el dictamen.
El diputado presidente, Ricardo Mejía, indicó que el planteamiento prevé cambiar el sistema de registro de las compras y adquisiciones públicas, CompraNet, por una Plataforma Digital de Contrataciones públicas a la que calificó de innovadora.
Aseguró que este mecanismo garantizará transparencia y máxima publicidad en los procedimientos señalados, así como una fiscalización oportuna del uso de los recursos en la realización de obras públicas.
Destacó que la propuesta de la Presidenta permitirá aprovechar la capacidad técnica y financiera de la iniciativa privada, así como herramientas digitales y tecnológicas para agilizar procedimientos y cerrar espacios a la corrupción.
Mantiene la figura de testigo social para evitar actos de corrupción y aumentar la confianza social, dijo.
Aseguró que cuando se trata de obras y recursos públicos, el Legislativo no puede actuar con dilación, sino avalar en la norma los mecanismos necesarios para digitalizar las contrataciones.
En su intervención, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Iraís Reyes, identificó puntos positivos como la sistematización de procesos y el uso de tecnología para acelerarlos.
No obstante, calificó como preocupante que la norma no aplicará a las Fuerzas Armadas y las obras de infraestructura que se le asignen.
También, que cuando se trate de cuestiones de seguridad nacional, se permitirá que no haya “bitácora de obras públicas”, lo que abrirá la puerta a la opacidad.