La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados recibió de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el tercer y último paquete de informes de resultados de fiscalización a la Cuenta Pública 2023, la penúltima del anterior Presidente, Andrés Manuel López Obrador.
En esa revisión, el órgano fiscalizador encontró que entre las mil 623 auditorías realizadas para la tercera entrega, hay más de 43 mil 206 millones de pesos que dependencias federales y principalmente gobiernos estatales y municipales, aún deben aclarar.
Las inconsistencias observadas en el gasto federalizado, indicó el auditor superior, David Colmenares, abarca el 78 por ciento de los hallazgos hechos en la fiscalización 2023.
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De la cantidad de recursos “observados” en el tercer bloque de auditorías, los entes con acceso al erario sólo pudieron aclarar el uso de mil 112 millones de pesos.
En las cuentas generales del año 2023, el total de recursos que aún deben ser transparentados llegó a 51 mil 978 millones de pesos.
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El monto recuperado durante la revisión de toda la Cuenta 2023 sólo alcanzó mil 782 millones de pesos, señalan los documentos que Colmenares Páramo entregó a los legisladores federales.
Desvíos de recursos en 2023
En la presentación de los últimos informes de fiscalización al penúltimo año del gobierno anterior, el auditor superior hizo notar el tema de las auditorías “forenses”, las cuales se aplican cuando hay elementos para presumir desfalcos a la hacienda pública.
Indicó que en el gasto 2023 se realizaron 29 revisiones en esa materia, entre las cuales destacan las hechas a Diconsa, el Instituto Nacional de Migración (INM), el IMSS y el Instituto Nacional de Transparencia (INA).
En el IMSS, las irregularidades son de mil 225 millones de pesos y se registraron en el Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico y de Anestesia.
En Diconsa, se encontraron desvíos por 260 millones 674 mil pesos, en el rubro de Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios.
En Liconsa, nuevamente hubo anomalías en el gasto por más de 45.1 millones de pesos. Se registraron en el Programa de Adquisición de Leche Nacional.
En el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, la ASF volvió a detectar desvíos de recursos públicos, ahora por 146.6 millones de pesos, en el área de compra, venta y administración de maíz y frijol.
En Migración, el desfalco por 11.7 millones de pesos, se registró en el rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas ejercidas por el INM.
En el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), si bien los desvíos fueron por una cantidad relativamente menor, 8.3 millones de pesos, las irregularidades se reflejaron en las contrataciones irregulares, en especial de familiares de trabajadores de ese organismo.
Desvíos de recursos en salud
En materia de salud, destacaron los desvíos millonarios encontrados en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, mejor conocidos como Birmex, por un monto superior a los mil millones de pesos.
En el IMSS, un fuerte quebranto por mil 225 millones de pesos, se detectó en el rubro del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico y de Anestesia.
Asimismo, se hicieron auditorías forenses a poderes judiciales locales, universidades autónomas y servicios de salud de dos estados.
“En su conjunto, para esta Cuenta Pública, con estas 29 auditorías de tipo forense, se determinó un monto por aclarar por más de seis mil seiscientos millones de pesos”, indicó.
En esos casos, si bien hay elementos que apuntan a desvíos en el presupuesto, aún debe cumplirse una segunda etapa de fiscalización, a través de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, donde los entes señalados aún pueden hacer aclaraciones.
Si no logran aclarar el gasto hecho en 2023, se podrían presentar denuncias penales.
Estados con más irregularidades
Al dar detalles de los más de mil 600 expedientes de fiscalización, el titular de la ASF indicó que en el también llamado “gasto subnacional”, en lo correspondiente a alcaldías y municipios, éstos deben aclarar el uso de más de 15 mil 800 millones de pesos.
Agregó que en la revisión a gobiernos estatales, 30 entidades dejaron pendientes por aclarar el uso de más de 22 mil 700 millones de pesos en torno a los cuales podría haber daño patrimonial.
Llamó la atención la diferencia que hizo Colmenares Páramo, al remarcar que mientras la mayoría de las entidades no rindieron cuentas claras, hubo dos casos donde la ASF no encontró un solo peso por aclarar: la Ciudad de México y Querétaro.