La reglamentación de los jueces sin rostro que avanza en el Poder Legislativo como parte complementaria de la reforma al Poder Judicial, es necesaria y ayudará a combatir la impunidad, manteniendo a salvo a los juzgadores que intervengan en casos donde se aplique la ley a integrantes de la delincuencia organizada, defendió el líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
En redes sociales, el parlamentario recordó que el asunto se tratará en el siguiente periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, que inicia en febrero de 2026.
“Te invito a leer mi artículo sobre la figura de juezas y jueces sin rostro, una de las prioridades del próximo periodo legislativo en la Cámara de @Mx_Diputados, para fortalecer la impartición de justicia frente a la delincuencia organizada”, indicó en su cuenta en la red social X, antes Twitter, @RicardoMonrealA.
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Al mensaje añadió un enlace a su página de internet personal, donde publicó el texto titulado “Jueces sin rostro”.
En el texto, recordó que en la reforma judicial, se incluyó a los juece sin rostros, para que intervengan en casos de delincuencia organizada, manteniendo bajo resguardo su identidad y seguridad.
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Puntualizó que esos jueces operarán en determinadas jurisdicciones encargadas de procesos y juicios generalmente asociados al narcotráfico, al “terrorismo” y al crimen organizado.
“Lo anterior significa que habrá órganos con juezas y jueces anónimos, a fin de salvaguardar sus identidades y la de sus familias, cuando realicen su labor de impartir justicia en situaciones de alto riesgo”, remarcó.
Monreal Ávila señaló que la protección a juzgadores que traten casos críticos, como los referentes a la criminalidad organizada, es fundamental y ha sido implementada en otros países de la región, como Colombia y Brasil.
La idea de implementar en México los jueces anónimos se planteó desde el sexenio anterior y se concretó con la aprobación de la reforma judicial, aunado a que mantiene el respaldo de la actual jefa del Ejecutivo Federal, enfatizó.
“Es muy grande el daño que se causa a la impartición de justicia con juezas y jueces amedrentados por la presión de la violencia o nulificados por amenazas de muerte”, dijo, al recalcar que en el país se han presentado casos de homicidios de impartidores de justicia, por el hecho de cumplir con su labor.