El Registro Público Vehicular (REPUVE) debería actualizarse de manera permanente e inmediata, con el fin de atender oportunamente los casos de robo de auto, así como proteger el patrimonio de las personas, planteó la integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Rafaela Vianey García.
La congresista propuso reformar la Ley del Registro Público Vehicular, con el fin de establecer que ante reportes de robo o recuperaciones, la actualización del llamado REPUVE debe realizarse en un plazo de no más de tres días naturales a partir del momento en que la autoridad tenga conocimiento del hecho.
En artículos transitorios, indicó que el plazo a la autoridad competente para adecuar los sistemas, procedimientos y plataformas tecnológicas para actualizar la información del Registro, será de no más de 90 días naturales.
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Acciones ante el robo de vehículos
García Romero explicó que el REPUVE es una herramienta necesaria para dar seguimiento a autos con reporte de robo, y también para recuperar unidades en esas condiciones, no obstante, debe reconocerse que eso depende de la rapidez con la cual se actualice.
Refirió que conforme al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta octubre de este 2025, había 97 mil 77 autos robados al mes.
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La situación representa un grave daño a los propietarios que no solo pierden su patrimonio, sino su principal medio de transporte y un implemento necesario para llevar a cabo actividades laborales, educativas y personales, dijo.
Señaló que si bien hay disposiciones para reportar y en su caso, recuperar automotores robados, la ley no marca plazos para que la información del Registro se actualice y con ello, se aceleren los procesos de búsqueda de las unidades, así como las notificaciones a la autoridad para deslindar de responsabilidad a quien le fue arrebatado el bien referido.
“La ausencia de este plazo genera vacíos que permiten que los vehículos robados permanezcan sin boletinar por varios días, lo que favorece su traslado a otros estados y por ende su venta ilegal. Cuando el registro no se actualiza de manera expedita, las bases de datos utilizadas por cuerpos policiacos, aseguradoras, fiscalías y autoridades de tránsito operan con información incompleta o desactualizada, reduciendo las posibilidades de recuperación”, anotó la parlamentaria.
A ello se suma la falta de certeza para personas que busquen adquirir un vehículo usado, y que podría ser robado.
Subrayó que el problema, aunado al robo de las unidades, es el de la rapidez con la que el hecho debe ser registrado formalmente, con el fin de que las autoridades correspondientes activen los mecanismos de alerta y actuación.
Enfatizó que el adecuado funcionamiento y la oportuna actualización del Registro es indispensable cuando se requiere conocer el estatus legal de cada vehículo.
La propuesta de actualizar permanentemente las bases informáticas referidas y que ello no tarde más de tres días naturales a partir de la presentación de reportes de robo, también contribuiría a evitar caídas del sistema y errores en la alimentación de datos.
Acelerar registros de robo de autos
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, citó la parlamentaria, reporta que la recuperación de autos robados en el territorio nacional ha disminuido a 41 por ciento, cuando en los últimos seis años el promedio fue de 44 por ciento, lo que habla de la reducción del delito.
No obstante, la tardanza en que los reportes oficiales se emitan contribuye a que las bandas criminales dedicadas a ese delito o bien, los infractores, se lleven los autos a otras entidades, los desmantelen con velocidad e incluso los pongan a la venta en el mercado negro.
“Esta pérdida de tiempo crítico puede evitarse si el REPUVE funciona con mayor celeridad”, consideró la promovente.
Apuntó que su propuesta también promoverá una mayor y mejor coordinación entre autoridades de seguridad y las empresas aseguradoras; inhibirá la venta de vehículos robados, facilitará la recuperación de unidades y generará un ambiente de seguridad jurídica para los usuarios y compradores de vehículos usados.