“El uso de un adolescente como sicario en un crimen”, como sucedió con la muerte del ex alcalde de Uruapan Carlos Manzo, expone “las fallas en las políticas públicas de prevención y atención” para quienes tienen menos de 18 años, señala la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
“La población en riesgo de ser reclutada o utilizada podría ser de hasta 250,000 niñas, niños y adolescentes en el país. Y Michoacán es uno de los estados con mayor riesgo y vulnerabilidad”, advierte la REDIM.
La Red por los Derechos de la Infancia en México llamó a “tipificar, atender y prevenir el Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delincuenciales y del crimen organizado. Urgimos al Congreso y a las autoridades de justicia a tipificar de manera específica el delito de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, sin caer en tentaciones de disminuir la edad de imputabilidad y reconociéndoles como víctimas y como sujetos de derechos, así como generar estrategias focalizadas para desmantelar y no dejar impunes a las redes que los utilizan”.
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El organismo también criticó que la Fiscalía General de Michoacán haya difundido el rostro e información personal de quien murió tras atacar al ex alcalde; “esta acción constituye una violación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y a los principios internacionales de justicia para adolescentes, que exigen la estricta confidencialidad y reserva de datos para proteger su identidad, su proceso legal y el derecho a construir un proyecto de vida desvinculados de la criminalidad”.