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Al presentar el “Plan Integral contra el Abuso Sexual”, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández advirtió que ahora se busca que este agravio sea considerado “un delito grave que sea sancionado en todas las entidades de la República… buscar la forma en que las denuncias sean mucho más ágiles; priorizaremos la homologación o de tipificación de este delito”, dijo la funcionaria federal al indicar que “en lo que va del año 25 mil 70 denuncias por abuso sexual.
"Siempre hay una cifra gris, por eso, parte de esta campaña, es que las mujeres sepan que pueden denunciar y que deben denunciar para poder acompañarlas en estas violencias… bueno, son en realidad 25 mil carpetas ya abiertas, seguramente denuncias, hay más”.
Ante el acoso que padeció, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que “ya preguntó” a la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, cómo procederá la ratificación de su denuncia; “está por decirme, envié una carta, como son las denuncias penales, explicando todo el caso, y la fiscal de la Ciudad de México, la fiscalía de la Ciudad de México está por comentarme si hay que ratificar y cuándo hay que ratificar y cómo”, detalló la mandataria federal.
Desde Palacio Nacional se anunció que el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el gobierno federal lanzará su campaña “para que las mujeres conozcan lo que es ‘violencia’, puedan denunciar de mejor manera, pero también dirigir campañas a los hombres rumbo a esta vida, sin violencia, en la relación en que tenemos hombres y mujeres”, detalló la secretaria Hernández.
La presidenta Sheinbaum subrayó que “el INEGI tiene una encuesta donde dice que 45 por ciento de las mujeres ha vivido un abuso en México, o prácticamente la mitad. Y lo que queremos con este proyecto: una mujer que vive un abuso en su camino al trabajo, durante el transporte público, en la calle, muchas veces no denuncia porque lleva tiempo; porque no necesariamente le reciben la denuncia del Ministerio Público, y después ella tiene que trasladarse al Ministerio Público, dar su información, y no puede llevar una prueba, sino su dicho.
Eso es lo que queremos que se legisle; no se trata tampoco de que haya injusticias, que se denuncie sin que haya ocurrido, pero que realmente la mujer tenga un espacio de denuncia que sea ágil, que sea expedito y que permita que realmente se haga la investigación para que se lleve a las detenciones. Ese es el objetivo de hablar con las fiscalías, de trabajar con las legisladoras para que realmente se legisle y sea real, que la mujer no se sienta sola en nuestro país y que haya un sistema de justicia que la respalda”.
“Está el número 079, que estamos fortaleciendo opción 1. Ahí es para la denuncia por teléfono de si se ha vivido un acoso. Muchas veces el acoso incluso es de familiares. Lamentablemente, digamos, la violencia mayor contra las mujeres, que es el feminicidio, que es quitar la vida de una mujer por el solo hecho de ser mujer, en la gran mayoría de los casos se comete por una persona cercana. Entonces, una denuncia previa de eso que está ocurriendo, queremos que se haga a través del 079, opción 1, y atrás de ese número de teléfono, pues, están todas las instituciones para proteger a la mujer, a nivel federal y a nivel estatal. Entonces, que esto que ocurrió, pues sirva para que las mujeres realmente no se sientan solas en una situación de acoso, de abuso en nuestro país, y para ello, pues tiene que haber instituciones y un gobierno que las respalde”, remarcó la Jefa del Ejecutivo federal.
El mayor reto, dijo Hernández, es “fortalecer que ministerios públicos, fiscalías, jueces, juezas actúen con perspectiva de género y con sensibilidad cuando una mujer acude ante dichas autoridades. Desde marzo firmamos un convenio con la Comisión Nacional de Tribunales de la República y ahora, estamos buscando la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que reúne a todas las fiscalías de los estados para trabajar en que este proceso de denuncia sea más rápido. Buscamos capacitar, que exista formación especializada con ministerios públicos, fiscalías, jueces y en general todas las autoridades de Procuración de Justicia”.
“Se trata de buscar que el delito de abuso sexual sea similar en todas las entidades de la República para que la sanción sea contundente y para que las mujeres sepan que pueden denunciar cuando viven esta situación”, insistió Hernández tras revisar “cómo está en los códigos penales o si existe en el Código Penal este delito, en 19 entidades federativas de la República existen criterios para fortalecer este delito con diversas agravantes —que si este abuso lo comete un servidor público es mucho más alta la pena—. En nueve entidades de la República se tipifica, pero no necesariamente vemos fortalecido este tipo penal, y en cuatro se tipifica, pero no se deja claro exactamente qué es abuso sexual”, dijo.
Hernández recalcó que en el artículo 260 del Código Penal Federal, el abuso sexual “son los actos sexuales, manoseos o tocamientos obscenos, obligar a la víctima a presenciar un acto sexual o exhibir su cuerpo. Y en el Código Penal Federal hay dos agravantes, cuando hay violencia física la pena es mucho más grande y cuando se ejerce contra una persona digamos vulnerable o a una persona menor. En el Código Penal Federal la sanción es de seis a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa”.
La titular de la Secretaría de las Mujeres apuntó que desde que la Presidencia “envió las reformas constitucionales y locales que protegen a las mujeres para la revisión, armonización y homologación de las leyes en cada entidad de la República y que las mujeres tengan acceso a sus derechos de manera similar según en el estado en el que vivan, que muchas veces es dispar. Hemos trabajado con todos los congresos locales y con el Congreso Federal y con la senadora Malu Mitchell y la diputada Anaís Burgos, presidentas de las Comisiones de Igualdad de las Cámaras federales… desde el primer momento en el que se aprobaron estas reformas, que se armonicen todas las entidades de la República”.
“Vamos a convocar a las secretarías de Movilidad y Transporte de todas las entidades de la república para implementar protocolos contra el acoso y el abuso sexual, tanto en espacios públicos como en el transporte público… capacitar al personal y a conductores de transporte público porque muchas veces los operadores no saben cómo prevenirlo o no saben cómo canalizarlo”, finalizó Hernández.