Magistrados y fiscales electorales estatales entregaron al INE sus propuestas para que sean incluidas en la reforma electoral que impulsa el Gobierno de México y la mayoría en el Congreso de la Unión.
Durante un evento realizado en las instalaciones del INE, integrantes de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y de la Asociación Mexicana de Fiscalías Electorales hicieron la entrega formal a la secretaria ejecutiva, Claudia Espino.
Los planteamientos se centran en la actualización del catálogo de delitos electorales, incorporando sanciones para la violencia política digital y la usurpación de acciones afirmativas destinadas a grupos vulnerables.
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Además, proponen penalizar la destrucción de propaganda electoral y regular el uso de “acordeones” o guías de votación masivas, con el fin de evitar la coacción del voto.
La fiscal electoral de Puebla, Ruth Karina Andraca Huerta, secretaria de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, destacó la necesidad de abordar el tema de los acordeones, que fueron ampliamente utilizados en la elección del Poder Judicial Federal.
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En contraste, el fiscal electoral de Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez Morales, se pronunció a favor de la legitimación del uso de los “famosos acordeones”, al considerar que estos instrumentos “llegaron para quedarse”.
También se plantea la necesidad de dotar de autonomía constitucional y homologar las fiscalías electorales en todo el país, así como establecer la inhabilitación para ocupar cargos públicos a quienes cometan violencia política de género.
Por su parte, las propuestas principales de los magistrados se enfocan en la competencia judicial y la autonomía presupuestaria.
Se plantea que los tribunales electorales de las entidades federativas asuman la competencia para conocer y resolver, en primera instancia, el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC).
Asimismo, señalaron que uno de los problemas que han enfrentado los tribunales electorales durante más de 30 años es la falta de autonomía presupuestaria. Por ello, se plantea que, mediante una reforma constitucional, se establezca una cantidad mínima garantizada.
La fórmula deberá considerar las necesidades específicas de cada estado, el crecimiento de la lista nominal, así como la complejidad y frecuencia de los procesos electorales.