La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no alcanzó la mayoría calificada de seis votos para expulsar del marco jurídico la fracción primera del artículo 132 de la Ley General de Víctimas, la cual le otorga la facultad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de recibir el producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los procedimientos penales, reforma que fue aprobada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Este tema volvió a generar una división entre los integrantes del alto tribunal, particularmente entre las ministras afines a la llamada cuarta transformación.
Cuatro integrantes del alto tribunal respaldaron el proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía, quien proponía emitir la declaratoria de inconstitucionalidad, al argumentar que la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, representaba una regresión.
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Sin embargo, la ministra Lenia Batres Guadarrama afirmó que la extinta Primera Sala partió de una premisa falsa para otorgarle el amparo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, mediante el cual declaró inconstitucional la reforma al artículo 132; incluso, señaló que no hay víctimas quejándose por la falta de cumplimento para la reparación del daño.
“La Primera Sala partió de una premisa falsa que consiste en que los recursos destinados a la atención de víctimas están limitados a lo que pueda resultar del producto de la enajenación de los bienes decomisados a cargo del INDEP. Únicamente, implicó la reconfiguración del mecanismo administrativo de asignación y administración de recursos, pero no una regresión respecto de los recursos que se destinan a la atención de las víctimas, y que no hay víctimas quejándose de la falta del cumplimiento de la reparación de daños”.
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En respuesta, la ministra Loretta Ortiz Ahlf aseveró que la Sala, de la cual fue presidenta, actuó de forma correcta.
“La Primera Sala actuó correctamente y debido a una norma constitucional y una norma convencional. Pro persona se resolvió y lo razonamos, en razón del principio pro persona, aplicamos la norma más benéfica y la argumentación jurídica más benéfica para las personas”.
No obstante, la ministra María Estela Ríos González enfatizó que no existen razones objetivas para concluir que una propuesta para destinar recursos a la CEAV es mejor que la otra.
“Con qué procedimiento decidieron que el tema de que los recursos del INDEP no fueran suficientes para garantizar la reparación del daño a víctimas. No encuentro algún razonamiento que me haga concluir que el 0.014 es mejor que el de los fondos que devienen del INDEP”.
Tras señalar que eliminar el Fondo de Ayuda implica una revictimización, la ministra Yasmín Esquivel Mossa aseveró que la resolución de la Corte no iba encaminada a revivirlo.
“No estamos reviviendo un fideicomiso, no estamos reviviendo un fondo, no le estamos dando órdenes al Congreso; le estamos solicitando que, en el pleno ejercicio de sus facultades, destine los recursos suficientes para garantizar a las víctimas por violaciones a los derechos humanos”.
En tanto, el ministro Irving Espinosa Betanzo aseveró que las ministras y ministros en retiro se extralimitaron y se “curaron en salud”, en alusión a la orden del ex presidente López Obrador de desaparecer los fondos y fideicomisos, entre ellos, los del Poder Judicial.