El Proyecto de Presupuesto Estatal 2026 de Veracruz reveló las percepciones mensuales y anuales autorizadas para los servidores públicos, incluidos los mandos medios y superiores, entre ellos, la gobernadora del estado, Rocío Nahle, cuyo mandato se extiende hasta el 2030.
De acuerdo con el documento oficial publicado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), las percepciones netas mensuales después de impuestos y deducciones para este nivel de funcionarios ascenderán hasta poco más de los 80 mil pesos, además de contar con diversas prestaciones ordinarias y anuales.
¿Cuánto ganará Rocío Nahle en 2026?
Según el Artículo 43 del decreto, el gobernador o gobernadora —ubicado en la categoría de servidor público de mando superior— percibe una remuneración neta mensual máxima de 84 mil 750.53 pesos.
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El monto varía de acuerdo con el valor tabular de la plaza, lo que significa que puede modificarse dependiendo de los ajustes presupuestales o administrativos durante el ejercicio fiscal.
El presupuesto estatal también especifica las prestaciones ordinarias y anuales que complementan el salario base de los funcionarios. Entre ellas destacan:
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- Sueldo y salarios.
- Ayuda para pasajes.
- Quinquenios y Quinquenios Nueva Generación.
- Despensa.
- Previsión Social Múltiple.
- Compensación Temporal Compactable.
- Ayuda para servicios y capacitación.
- Gratificación extraordinaria.
Rocío Nahle, de las gobernadoras más polémicas de la 4T
La controversial y mala gestión de Nahle en apenas un año, se ha ganado las críticas por su manejo en hechos clave, como el asesinato de Irma Hernández Cruz, una maestra jubilada de 62 años que también trabajaba como taxista, tras ser privada de la libertad por un grupo criminal y Rocío Nahle dijo que había muerto “a causa de un infarto”.
Su gestión en la SENER fue criticada por frenar proyectos de energías renovables y favorecer la generación con combustibles fósiles.
Contexto del presupuesto 2026 en Veracruz
El Proyecto de Presupuesto Estatal 2026 busca consolidar el gasto público con criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad financiera.
En materia de servicios personales —donde se incluyen los sueldos y prestaciones—, el documento establece los parámetros para el pago de servidores públicos en dependencias y entidades gubernamentales, priorizando la sostenibilidad del gasto y el cumplimiento de obligaciones laborales.