La Cámara de Diputados discutirá y aprobará en los próximos días el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, en un contexto en el que México enfrenta un aumento en el número de personas en situación de movilidad, lo cual al parecer no ha sido tomado en cuenta aseguraron organizaciones dedicadas a la defensa y protección de los migrantes.
En una carta pública distribuida por el Instituto para las Mujeres en la Migración destacaron que el proyecto del PEF 2026 no responde a las necesidades de integración y protección de esta población. Solo en los primeros cinco meses de 2025, más de 50 mil personas solicitaron protección internacional ante la COMAR, mientras que más de 97 mil fueron deportadas desde Estados Unidos entre enero y agosto. Cada vez más personas migrantes buscan asentarse de forma permanente en el país.
El presupuesto contempla recortes para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y la Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras que el Instituto Nacional de Migración recibiría un aumento cercano al 11%, destinado principalmente a acciones de contención y detención, advirtieron.
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A estos recortes se suma el incremento del 101% en los costos de trámites migratorios, lo que dificulta la regularización de miles de personas. También preocupa la falta de recursos para instituciones encargadas de proteger a niñas, niños y adolescentes migrantes, como la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema Nacional de Protección Integral.
El proyecto prevé una reducción del 7% en el presupuesto de servicios personales de la COMAR, lo que afectará su capacidad operativa en un contexto donde los procesos de asilo pueden tardar más de seis meses. Además, la disminución de apoyos internacionales y nacionales —como los provenientes del ACNUR y la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur— agrava su situación financiera.
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Ante este panorama, organizaciones sociales llamaron a las diputadas y diputados a aprobar un presupuesto progresivo que fortalezca la capacidad del Estado mexicano para garantizar los derechos de las personas en movilidad. Propusieron reasignar recursos a la COMAR, incrementar los fondos del programa de protección consular y duplicar el presupuesto destinado a la protección de la niñez migrante, con el fin de avanzar hacia una política pública basada en la inclusión, la justicia y la cohesión social.