La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la Ley General contra la extorsión y reformas a otras normas de tipo penal complementarias, planteadas por la Presidenta de la República, con el fin de fortalecer el marco legal en la materia.
El proyecto fue aprobado por 25 votos de las bancadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM).
La oposición emitió 13 votos en abstención.
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Fortalecer acciones contra la extorsión
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión, Julio César Moreno recalcó que el propósito es contar con una nueva ley general contra la extorsión, homologar criterios en todo el país y perseguir ese ilícito de manera efectiva.
Recalcó que aunado a la nueva ley, se modificarán cinco leyes de tipo penal que tipificarán de manera adecuada la extorsión, identifica nuevas modalidades para cometer ese delito e impone penas homologadas.
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La pena básica contra la extorsión será de 6 a 15 años y multas de 100 a 500 veces el equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La propuesta establece 34 agravantes del delito de extorsión, divididas en tres categorías conforme a la gravedad del daño que se provoque. Contempla elevar las penas en una mitad y hasta en dos terceras partes.
“Es expedir una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los delitos en materia de Extorsión con el propósito de homologar criterios en todo el país y garantizar una persecución efectiva del delito. Fortalecer la persecución penal mediante la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como dotar de atribuciones claras a las autoridades responsables de la investigación y sanción. Proteger a las víctimas y testigos garantizando mecanismos de denuncia segura”, expuso.
Moreno Rivera señaló que entre las cinco leyes complementarias que se reformarán, está el Código Penal Federal, para actualizar las penas y tipificar las modalidades de extorsión.
En el Código Nacional de Procedimientos Penales se establecerá que las investigaciones se agilizarán con herramientas tecnológicas y financieras.
En la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, enumeró, se cataloga la extorsión como delito grave de carácter organizado.
A través de cambios a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, permitirá recuperar bienes obtenidos por la criminalidad a través de la extorsión.
Oposición emite alertas
En el debate, legisladores de oposición justificaron sus votos en abstención, al manifestar que si bien la norma propuesta homologa el tipo penal y las sanciones contra la extorsión, éstas son más bajas que en algunos estados donde el castigo es de hasta 30 años como máximo.
Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC) dijeron estar a favor de reforzar el marco legal contra el delito de extorsión, pero alertaron sobre algunos elementos contradictorios como la consideración de que los cambios no tendrán impacto presupuestal.
El panista César Damián, su compañera Margarita Zavala, el priísta Alejandro Domínguez y el vicecoordinador de MC, Juan Zavala, fueron enfáticos en señalar que sin recursos adicionales para hacer efectiva la norma, ésta se quedará a nivel del discurso.
“Porque la sanción que se habla es de seis a 15 años, cuando en Baja California la sanción mínima es de siete años, ¿lo que quiere entonces la Presidenta es entonces bajar la sanción de extorsión a nivel nacional?, ¡porque me parece que es para arriba, no para abajo! ¿En Baja California les vamos a decir que la sanción se va a disminuir?, ¿ese es el mensaje? Y claro, de nada va a servir tener una muy buena ley general para combatir la extorsión si no tenemos presupuesto”, alertó el diputado Damián Retes.