La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó el juicio que interpuso Claudia Zavala Pérez, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), para impugnar el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa por votar en contra de la revocación de mandato.
El magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, justificó su decisión al argumentar que este tema no se ubica dentro del ámbito electoral.
“La propuesta que hoy someto a consideración de este Pleno considera que el asunto en cuestión no es competencia legal de esta Sala Superior. Esto desde luego no significa que con este proyecto se esté confirmando alguna sanción por la forma de pronunciarse por la consejera que aquí acude a impugnar. Eso desde luego atañe a la decisión que tendrá que emitir la autoridad legalmente competente y que será la que cuenta con facultades para resolver este asunto”.
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Sin embargo, la magistrada Janine Otálora Malassis destacó que este asunto no debe desecharse, pues se debe hacer un estudio de fondo para determinar si existe o no alguna vulneración a las atribuciones del INE y de las consejerías.
“De no analizar esto, podría llegarse al extremo de validar implícitamente que con cada decisión del Instituto que sea revocada por el Tribunal Electoral, se encontraría una causa para presumir responsabilidad administrativa grave de sus integrantes y con ello habilitar una herramienta que vulnere los principios de imparcialidad e independencia”.
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Contrario a la postura que ha asumido en asuntos relacionados con Morena y el gobierno, en está ocasión la presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, se sumó a Otálora Malassis.
“En mi concepto, aunque el acto impugnado fue emitido por una autoridad administrativa, ello no impide que se conozca de su actuación por este órgano jurisdiccional al evidenciarse una conexión directa con la materia electoral, dada la posible conculcación a los derechos político-electorales de una consejera y a la función pública electoral de la máxima autoridad en materia administrativa del Estado mexicano”.
En respuesta a los señalamientos de las magistradas, Fuentes Barrera afirmó que entrar al fondo del asunto implica invadir la esfera de competencia que está reservada exclusivamente a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.