Tras la audiencia en San José, Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el litigio por la muerte de Ernestina Ascencio Rosario (73 años) en febrero de 2007, luego del ataque sexual perpetrado por elementos militares desplegados en la sierra de Zongolica, Veracruz; Norma Don Juan Pérez, integrante del Consejo de Mayoras de la CONAMI, reclamó que “sigue haciendo falta información sobre las violencias que afectan a las mujeres indígenas, a pesar de las políticas públicas en México, las comisiones, alertas e instrumentos, seguimos sin estar reflejadas en estos mismos. Este caso es muy importante para la verdad y la justicia, para Doña Ernestina, pero también tiene una repercusión en la vida de las mujeres y los pueblos indígenas en México”.
“Así que en estos discursos tan confusos que está el Estado, donde dice no estamos de acuerdo con la versión de (el ex presidente Felipe) Calderón, pero su narrativa es muy similar al desconocer los asuntos de fondo. Entonces seguiremos adelante trabajando por todo lo que implica”, subrayó Norma Don Juan Pérez, luego de que ayer, la representación del gobierno mexicano expresara que “no existe evidencia directa en el expediente penal que permita vincular a agentes estatales en los hechos alegados por la representación… ni en el proceso penal ni en la investigación llevada por la CNDH se individualizó la participación de algún agente estatal”.
Al cuestionarle sobre el papel que está ejerciendo la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso Ernestina Ascencio, Patricia Benítez, del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, A.C., CESEM, apuntó que la oficina de la Ombudsperson está en el “decir que en “2007 la Comisión hizo mal las cosas, pero ahora las estamos haciendo bien y es por eso que hacemos ‘una recomendación’ de la recomendación; pero nuevamente se quiso sorprender a la familia, haciéndole creer que ‘ahora sí ya venía la buena, la investigación buena y que mejor ya, que nuevamente las cosas se quedaran en México’, pero ya no podía, ya no se podía. El caso, así sea una investigación, se hagan dos, tres investigaciones, la misma Fiscalía de Veracruz, lo que va a hacer la Corte (Intermericana de Derechos Humanos) ¡lo va a hacer! y el procedimiento no lo puede parar y va a tener que haber una resolución”.
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También, al sugerirles a los representantes legales de la familia de Ernestina Ascencio “sí se le haría algún llamado” al actual gobierno federal, Benítez enfatizó que “no, nosotros en este momento no estaríamos haciendo ningún llamamiento porque esto es un proceso que tiene que llegar a una sentencia ante la justicia internacional; que México, a 18 años que pasaron los hechos que le causaron la muerte a doña Ernestina, está siendo juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¡por lo que hizo y por lo que no hizo!”.
A un día de la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos humanos que ha emplazado a las partes al 3 de marzo próximo para presentar sus alegatos finales por escrito, los representantes de la familia de Ernestina Ascencio recordaron que “durante 18 años la familia de doña Ernestina no solo buscaba justicia, sino también una oportunidad para ser escuchada por quienes tenían la responsabilidad de investigar los hechos. No fue hasta ahora, ante la Corte Interamericana, que finalmente un tribunal escuchó su verdad. Recordemos que el Estado mexicano, que debería garantizar justicia, decidió ignorar y cerrar el caso sin siquiera escucharlo. No solo le negó la justicia durante casi dos décadas, sino que también fueron silenciados y desestimados. La versión oficial del Estado desestimó su testimonio y les impuso una verdad, sin siquiera tomar en cuenta lo que ellos mismos vivieron. La familia, que fue la primera en auxiliar a doña Ernestina y quien escuchó sus palabras antes de su muerte, nunca tuvo espacio en la versión oficial del caso hasta ayer y no han permitido que este caso quede en el olvido”.