Un juez de control vinculó a proceso a María Angélica Martínez Reyes, exservidora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por su probable responsabilidad en los delitos contra la administración de justicia y uso de documento público falso y dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), esta persona benefició indebidamente a la empresa Juni Serra, presuntamente vinculada con Ricardo Anaya, a través de una resolución que a la postre resultó apócrifa en la que se afirmó que esa compañía había desvirtuado la presunción que facturaba operaciones simuladas, cuando existía una resolución verídica en la que se estimaba lo contrario.
Pese a ello, Martínez Reyes decidió autorizar y ordenar la notificación de la resolución apócrifa en la que se decía exactamente lo opuesto, beneficiando así a dicha empresa en claro detrimento de los intereses fiscales de la federación en impedir la operación de ese tipo de empresas.
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Según la indagatoria, Juni Serra está involucrada en la compra simulada de una propiedad en el estado de Querétaro por 54 millones de pesos.