La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le concedió un amparo al gobierno de Chihuahua para que se le reconozca el carácter de victima en uno de los procesos penales que se iniciaron contra el exgobernador de aquella entidad, César Duarte Jaquez.
Se trata del caso de 14 millones 609 mil 583 pesos que fueron descontados a trabajadores que tenían el nivel de jefe de Departamento y superiores, recursos que fueron destinados para uso electoral en las campañas del PRI en 2015.
Con esta resolución de la Corte, las autoridades chihuahuenses no tienen impedimento para actuar penalmente contra exfuncionarios de la administración de Duarte Jaquez.
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El gobierno estatal promovió un amparo, porque un juez de control determinó que en este asunto no se le podía reconocer el carácter de víctima.
El 11 de abril de 2019, la jueza Décimo de Distrito le negó la protección de la justicia, lo que provocó que interpusiera un recurso de revisión.
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No obstante, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa declinó competencia a la Corte, la cual revocó la sentencia y concedió el amparo.
De acuerdo con el expediente, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua solicitó que se le reconociera de manera oficial en diversas causas penales, el carácter de víctima.
Sin embargo, la defensa de uno de los imputados argumentó que el juez de control Sáenz sostuvo en audiencia, que los recursos aportados al PRI, no son de carácter público, sino de carácter privado, derivados de las aportaciones realizadas por los trabajadores de gobierno del estado.