Un juez de distrito le pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que otorgue certeza jurídica y las garantías necesarias para que los impartidores de justicia ejerzan su función sin coacciones y represalias externas.
Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, refirió que un ejemplo de esas represalias es la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en donde, al estimar que el juicio de amparo, invadió la jurisdicción electoral, ordenó dar vista al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la Fiscalía General de la República (FGR), para los efectos de responsabilidad administrativa y penal a que haya lugar en su contra.
Indicó que esta determinación de la autoridad electoral puede llegar a afectar la independencia judicial, al contener un claro mensaje intimidatorio.
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Por ello, Santamaría Chamú también le pidió a la SCJN que declare que el juzgado del que es titular, es constitucional y legalmente competente para hacer cumplir las suspensiones que le otorgó a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), sin que un posible conflicto de competencia con diverso órgano del PJF pueda acarrear responsabilidad administrativa o penal.
Al respecto, reiteró que los actos y normas generales que impugnó la JUFED no se enfocan directamente en el proceso electoral, sino en la reorganización y funcionamiento del PJF como el cese masivo de personas juzgadoras y el diseño de un nuevo mecanismo de selección a través de la insaculación y voto popular, lo que afecta derechos como el acceso a la justicia imparcial y la libertad de trabajo de las y los juzgadores.
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Agregó que los integrantes de la JUFED no interpusieron el juicio de amparo alegando violaciones a sus derechos político electorales, además de que el asunto no se ciñe a tratar temas estrictamente relacionados con el ejercicio de esos derechos o sobre propio desarrollo del proceso electoral.