El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó diversas disposiciones en materia de remuneraciones de servidores públicos de la Ciudad de México y de Sinaloa.
En la sesión de este martes, la Corte determinó que existen omisiones legislativas por parte de ambos Congresos en lo que corresponde a los artículos 106, 107 y 110, párrafo segundo, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México
Además, en los artículos 6, primer párrafo, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de Sinaloa.
Te podría interesar
El pleno resolvió que las disposiciones no contienen criterios técnicos y objetivos para establecer las remuneraciones de las personas servidoras públicas, lo cual contraviene el artículo 127 de la Constitución Federal.
Asimismo, invalidó los artículos 276-Bis y 276-Ter, del Código Penal para el Distrito Federal, los cuales consideraban como delito otorgar o recibir cualquier pago en demasía.
Te podría interesar
Consideró que dichos preceptos contenían una redacción vaga e imprecisa, así como remisiones erróneas
Además, invalidó los artículos 19, 20, 21, 22 y 23, párrafos primero a tercero y sexto, de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de Sinaloa, que regulaban lo concerniente a las faltas administrativas en la materia.
Lo anterior, porque vulneraban el derecho a la seguridad jurídica, pues los preceptos no distinguían entre faltas administrativas graves o no graves, lo que generaba incertidumbre respecto de quiénes serían las autoridades competentes para conocer de las infracciones.
Batres denuncia incumplimiento de la Corte
La ministra Lenia Batres afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “ha legitimado un fraude” a la Constitución, por no facilitar el cumplimiento de las disposiciones respecto a las remuneraciones de los servidores públicos, a fin de que nadie gane más que la persona titular del Poder Ejecutivo.
Durante la sesión de este martes, dijo que desde 2010 a la fecha se han presentado dos acciones de inconstitucionalidad y 20 controversias constitucionales, cuyas resoluciones implican suspensiones que aun están vigentes y que permiten a servidores públicos rebasar el límite que establece la ley.
“Hasta cuándo, pregunto yo a esta Corte, se piensa seguir permitiendo su incumplimiento, cuándo va a dejar la Corte de ser garante de esta impunidad que es ofensiva para el pueblo de México; la apropiación de los recursos públicos para pagar sueldos de las y los funcionarios es una inmoralidad en un país que, como México, adolece aun de pobreza y pobreza extrema”, afirmó
El planteamiento de la ministra Batres Guadarrama no recibió ninguna respuesta durante la sesión de este martes en la Corte.