La publicación de la reforma constitucional que amplía los delitos a los que aplica prisión preventiva oficiosa es la confirmación del retroceso en materia de respeto a los derechos humanos, lamentó la coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna.
En redes sociales, la congresista advirtió que esa medida es considerada ilegal por los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.
Asimismo, es característica de regímenes dictatoriales y podría ser utilizada por el actual Gobierno Federal y otras autoridades para perseguir a la oposición, anticipó.
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La parlamentaria agregó a su publicación, una gráfica en la que cita datos de ONU-Derechos Humanos, donde se enumera la serie de garantías contra los que atenta la prisión preventiva oficiosa.
El material refiere que la medida violenta la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la integridad personal, la independencia judicial y la persecución eficaz de los delitos.
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De igual modo, afecta el derecho a la libertad personal, la igualdad ante la ley, el deber de inflar y motivar la medida privativa de la libertad, el derecho a la revisión judicial y el enfoque de derechos humanos en la seguridad pública, citó Luna Ayala.
Ampliación de la prisión preventiva
Luna Ayala hizo referencia a la norma publicada este 1 de enero en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Dichos cambios, avalados por la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas estatales, integra cambios al artículo 19 constitucional para alargar la lista de conductas que amerizan prisión preventiva oficiosa.
Esa medida cautelar aplicará a partir de este jueves 2 de enero, a los ilícitos ya previstos y también a la extorsión, la facturación falsa y el uso ilícito del fentanilo y los equipos para procesarlo.