Los aceleradores de disparos que convierten armas semiautomáticas en automáticas y están siendo cada vez más utilizados por la delincuencia organizada, deben ser prohibidos por la ley de manera clara, pidió el integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, César Israel Damián.
El congresista presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El texto prevé agregar que serán considerados entre las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, los “instrumentos, objetos, aditamentos o accesorios que permitan a un arma ser disparada de forma automática”.
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Añade que se impondrán de seis meses a seis años de cárcel, y de 10 a 300 “días multa”, a quienes sin permiso “fabriquen, produzcan, distribuyan”, transporten, organicen, reparen, transformen, almacenen, “posean, vendan o enajenen” los objetos aludidos en la ley, es decir, los aditamentos que permitan disparar un arma de manera automática.
Prohibir disparadores automáticos
En la argumentación, el diputado indicó que la modernización en la industria armamentista avanza a paso acelerado.
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Cada vez se utilizan implementos que aumentan la letalidad y efectividad de armas de fuego, como los “aceleradores de disparos” o “bump-stock”, que aumentan la capacidad y velocidad de disparo de armas semiautomáticas.
“En eso radica la peligrosidad de los ‘aceleradores de disparos’ o ‘bump-stock’, toda vez que son accesorios que se adaptan de forma sencilla a cualquier arma larga semiautomática, lo que les permite incrementar su letalidad sin alterar sustancialmente sus características físicas y peso, manteniéndolas como fáciles de manejar y transportar”, advirtió.
Indicó que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, conocida como ATF, desde 2018 ajustó la clasificación de los aceleradores a “ametralladoras”, aunado a que prohibió su compra y posesión.
Explicó que de acuerdo a ese organismo norteamericano, hasta 2018 se habían vendido 520 mil aceleradores de disparos, que sustituyen las culatas de rifles semiautomáticos, o que permite disparar en automático, si el usuario mantiene el dedo en el gatillo.
Como ejemplo del alcance de esos aditamentos, recordó el ataque perpetrado por una persona en 2017 en un festival musical al aire libre en Las Vegas, donde fallecieron 58 personas y hubo un “sinnúmero” de heridos. Ese suceso detonó la prohibición de los aceleradores en la Unión Americana, recordó.
Agregó que la regla descrita se derogó en junio de 2024, lo que permitió nuevamente la comercialización de esos implementos, generando un mayor riesgo para las personas que están expuestas a la violencia del crimen organizado.
Crisis de inseguridad
Damián Retes indicó que el país vive una crisis de inseguridad grave, ante la cual, las estrategias del Ejecutivo Federal en la anterior administración fueron fallidas.
Advirtió que hay inacción de autoridades federales, estatales y municipales frente a la delincuencia organizada, lo que ha provocado el crecimiento, fortalecimiento y diversificación de los grupos que se dedican a esos ilícitos.
Pese a la presencia de las Fuerzas Armadas en distintas partes del país, la ciudadanía y los propios elementos policíacos y militares han quedado indefensos, ya que la criminalidad cuenta con mayor capacidad de fuego y armamento de mayor poder.
Al afirmar que el gobierno de Estados Unidos es corresponsable del incremento en el poder de la delincuencia, por no establecer controles adecuados en la venta y tráfico de armas, el panista pidió tomar medidas internas.
Cifras sobre ingreso de armas a México
Recordó que en la anterior administración, se informó sobre el aseguramiento de más de 48 mil 900 armas de fuego que ingresaron a México de manera ilegal; del decomiso de 199 mil 921 cargadores, 3 mil 245 granadas y más de 19 millones de cartuchos, con datos a marzo de 2024.
El Ejecutivo Federal anterior estimó que de las casi 50 mil armas “de alto poder” que entraron ilegalmente al territorio, 75 por ciento provenían de Estados Unidos, y la mitad de ellas, salieron desde Texas.
Tras reconocer como un acierto las demandas de México contra las empresas armadoras, promovidas también el sexenio pasado, refrendó que es momento de actuar ante el poder de fuego de la criminalidad, que está por encima de las policías estatales, municipales e incluso federales.
Añadió que de acuerdo a las secretarías de Seguridad federal y de Relaciones Exteriores, cada año ingresan a México 200 mil armas, por lo que entre 2012 y 2023, habrían llegado al territorio más de 2 millones 200 mil artefactos de los cuáles, sólo 4.6 por ciento habrían sido asegurados.