En su reporte anual 2025 sobre el estado de los derechos humanos en el 2024, Human Rigths Watch (HRW), destaca que en el caso de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo heredó en octubre pasado una crisis humanitaria vinculada con la extrema violencia perpetrada por el crimen organizado y el abuso de agentes estatales quienes actúan “en total impunidad”; su antecesor, Andrés Manuel López Obrador tuvo un “pequeño” avance en estos retos.
El informe también destaca la serie de reformas constitucionales en México, incluida la “expansión del papel de los militares en asuntos policiacos y una revisión radical del sistema de Justicia”.
Existen altos niveles de violencia extrema, incluido el homicidio en varias localidades de México; seis ciudades registraron tasas de asesinatos superiores a 100 por cada 100 mil residentes en 2022. A nivel nacional, la tasa de homicidios cayó ligeramente, por tercer año consecutivo, de 25.9 por 100 mil en 2022 a 24.9 por cada 100 mil en 2023; sin embargo, las denuncias de desapariciones han aumentado.
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Expertos señalan que dos terceras partes de los homicidios están vinculados a la delincuencia organizada; asimismo, según cifras oficiales, dos terceras partes de los crímenes fueron cometidos con armas de fuego y el 70 por ciento de este armamento es traficado ilegalmente desde Estados Unidos, agrega HRW.
Sobre la reforma al poder Judicial y el futuro reemplazo de jueces, magistrados y ministros por personas elegidas por voto popular, así como la creación de un tribunal disciplinario que tendrá el poder de sancionar y remover a los jueces, Human Rigths Watch resalta las advertencias de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que “es probable que la medida debilite la independencia del poder Judicial y socavé el derecho a un juicio justo en el Sistema de Justicia Penal; además, HRW subraya que “el sistema de justicia penal es extremadamente ineficaz” en México.
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“Los fiscales no lo logran de manera efectiva investigar, procesar o garantizar la responsabilidad de la gran mayoría de los delitos y abusos contra los derechos humanos, incluidos los abusos por parte de las fuerzas de seguridad estatales y delitos graves como la l homicidio y las desapariciones forzadas. Solo el 16 por ciento de las investigaciones penales fueron resueltas en 2022, ya sea en la Corte, a través de mediación o de alguna forma de compensación. Las víctimas a menudo luchan por obtener justicia ante aquellos acusados de cometer delitos", destaca.
HRW agrega que en México continúa el uso de abusos graves, incluyendo tortura y tratos excesivos en las detenciones.
“Las autoridades a menudo utilizan la tortura para obtener confesiones y extraer información; en julio de 2021, casi la mitad de personas consultadas dijeron que, “después de haber sido detenidos, la policía o los soldados los había sometido a abuso físico. Entre los que confesaron haber cometido un crimen, el 38 por ciento dijeron que lo hicieron solo porque las autoridades los habían golpeado o amenazado. Las autoridades recibieron 6 mil 226 denuncias penales de tortura o cruel, inhumana o degradante”.
HRW apunta que según el Observatorio Nacional de Tortura en México, solo 82 casos en 2022 llevaron a cargos penales y solo 10 derivaron en un veredicto de culpabilidad o no culpable.
Asimismo, HRW remarca que en septiembre pasado, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, al presentar las conclusiones de su visita a México en 2023, expresó su preocupación de que "la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada y con demasiada frecuencia es el catalizador del maltrato, tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias. Las autoridades a menudo abusan de la ley que les permite arrestar a una persona sorprendida en el acto de cometer un delito, ‘plantando drogas en sus hogares, vehículos, bolsas o ropa’ para detener a las personas e interrogarlas o torturarlas sin un abogado presente”.
Por otra parte, las personas acusadas de delitos a menudo se enfrentan a largos períodos de detención preventiva, el 37 por ciento de las personas encarceladas en 2023 no fueron condenadas por ningún delito y más del 20 por ciento de los que estaban en prisión preventiva habían estado allí durante más de dos años. Los jueces están legalmente obligados a ordenar la detención preventiva para los acusados de más de una docena de delitos, sin evaluar las circunstancias del caso, hecho que viola normas internacionales de derechos humanos. Aún así, en noviembre pasado se enmendó la Constitución para ampliar la lista de delitos para la detención preventiva obligatoria.
Human Rigths Watch destaca que se han formado más de 230 "colectivos de búsqueda" entre familiares de víctimas para investigar las desapariciones, pero “miembros de estos colectivos que buscan en prisiones, hospitales o morgues y localizan y desentierran restos de fosas clandestinas, a menudo se enfrentan a amenazas y violencia. 16 miembros de estos colectivos fueron sido asesinados durante la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador quien repetidamente manifestó que el número oficial de personas desaparecidas se exageraba “para perjudicarlo políticamente”.
HRW también resalta que en noviembre pasado se aprobó la extinción de los organismos independientes de vigilancia y transparencia independientes, en particular, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Los relatores especiales de la ONU para la privacidad y la libertad de expresión advirtieron que este hecho “socavaría seriamente los derechos a la privacidad y al acceso a la información”.
Por otra parte, Human Rigths Watch enfatiza que bajo el gobierno del expresidente López Obrador, se transfirieron más de 100 tareas gubernamentales civiles a los militares, reduciendo el acceso a la información sobre el gasto público, ya que los militares se niega a cumplir con las normas de transparencia y acceso a la información. López Obrador también emitió órdenes ejecutivas destinadas a eximir al gobierno de cumplir con los requisitos de transparencia con respecto a sus megaproyectos.
Asimismo, HRW resalta que entidades públicas utilizaron “el software espía ‘Pegasus’ para espiar ilegalmente a los defensores de los derechos humanos, periodistas, políticos de oposición y altos funcionarios del gobierno”. El software espía es capaz de rastrear teléfonos celulares sin autorización judicial.
HRW abundó que México es uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas y defensores humanitarios. Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2024, la oficina de México del grupo británico de derechos humanos Artículo 19 registró 3 mil 408 ataques o amenazas contra periodistas, 46 informadores fueron asesinados y cuatro continúan desaparecidos. Ello ha orillado a la autocensura.
En 2023, 14 defensores de los derechos humanos fueron asesinados y 18 defensores ambientales o terrestres fueron ejecutados; rutinariamente, las autoridades no investigan adecuadamente los delitos en contra de periodistas y defensores humanitarios. La oficina del fiscal federal especial para investigar delitos contra los periodistas abrió mil 758 investigaciones y solo ha obtenido 41 condenas, incluidas ocho por homicidio, desde su creación en 2010 hasta agosto de 2024, destaca HRW.