A siete años de la entrada en vigor de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hace un llamado a no olvidar que el objetivo principal de la ley es la localización de las personas desaparecidas para dar una respuesta a sus familias, quienes viven en la incertidumbre al desconocer el paradero de sus seres queridos.
A pesar de contar con un marco legal robusto, el derecho a saber, consagrado en esta ley, sigue siendo una deuda pendiente para miles de familias y para la sociedad en general. Este derecho, reconocido tanto por el derecho internacional humanitario como por el derecho internacional de los derechos humanos, obliga al Estado a garantizar a las familias información clara sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos, indica el CICR.
Para asegurar el derecho a la verdad, resulta esencial involucrar a las familias de personas desaparecidas en todas las etapas del proceso, el CICR reconoce esfuerzos como la reunión del Sistema Nacional de Búsqueda con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Fiscalía General de la República (FGR), las comisiones locales y fiscalías celebrada el año pasado, así como el trabajo que ha desplegado la CNB en coordinación con la FGR para la actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda; pero también alienta a que se siga reforzando la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para cerrar la brecha entre el estándar que establece la ley y la realidad que viven las familias para lograr mayor efectividad de los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas.
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El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza más de 121.000 casos. Esta cifra, enmarcada en la ocurrencia de situaciones de violencia armada en diversos estados del país, refleja una emergencia humanitaria que persiste: miles de personas han buscado por años a sus familiares desaparecidos, mientras nuevos casos ocurren, sumando a otras familias a esta dolora situación. En ambos casos persisten los obstáculos que ellas puedan acceder a sus derechos y a mecanismos efectivos de búsqueda y justicia, finaliza el CICR.