La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados concluyó que la reforma al Poder Judicial, impulsada por el Presidente de la República y que ya se encuentra en el Senado de la República, propiciará la intervención del crimen organizado en la elección de juzgadores.
La coordinadora Noemí Luna planteó que, en un estudio hecho por su fracción, se destacan los riesgos y “peligros” que implica el ordenamiento.
Bloque de oposición puede frenar la reforma judicial
Asimismo, la fracción panista en San Lázaro expresó su confianza en que las bancadas de oposición en el Senado se mantengan en bloque y puedan frenar la aprobación de la reforma.
Te podría interesar
Al respecto, la coordinadora afirmó que es posible dar marcha atrás a los cambios al Poder Judicial y si el llamado “bloque de contención” se mantiene firme, se puede encaminar la discusión hacia el verdadero mejoramiento del Poder Judicial, sin “venganzas”.
Luna Ayala indicó que, desde su punto de vista, sí es posible revertir la reforma a partir de amparos y la emisión de suspensiones provisionales y definitivas como las que algunos juzgadores han emitido en días anteriores.
Te podría interesar
Recalcó que esas órdenes judiciales han sido ignoradas por los legisladores del bloque mayoritario encabezado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
No obstante, deberán cumplirse, aunado a que la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ha sometido a consulta de los integrantes del Pleno del Alto Tribunal, la propuesta de si se puede ordenar o no detener la dictaminación de los cambios legales propuestos, hasta que se determine si son violatorios de derechos humanos.
PAN en San Lázaro intentó frenar la reforma
Recordó que el PAN intentó por las vías posibles, como votar contra la sesión en sede alterna para aprobar un dictamen que los integrantes de la nueva Legislatura no procesaron, e impugnando legalmente dicha sesión, ponerle freno al ordenamiento.
Asimismo, en su momento denunció que los foros de diálogo y parlamento abierto organizados para discutir esa reforma fueron “una tomada de pelo” y espacios para propaganda de Morena, ya que las propuestas hechas en esos espacios no fueron tomadas en cuenta ni se escuchó plenamente a los trabajadores del Poder Judicial.
De igual modo, señaló que el PAN ha expresado su solidaridad y respaldo a las acciones de trabajadores y estudiantes que exigen diálogo y un análisis a fondo, antes de aprobar los cambios en cuestión.
Riesgos de la reforma judicial
Al exponer el estudio hecho por su fracción, la coordinadora Luna recalcó que lejos de mejorar la justicia, las modificaciones impulsadas desde la Presidencia de la República provocarán violaciones a derechos humanos.
No se destinarán más recursos para mejorar los procesos de atención al ciudadano ni hacer la justicia más pronta y expedita.
La elección de ministros, jueces y magistrados no sólo estará manipulada por el partido Morena y sus gobiernos, sino que se abrirá la puerta a la intervención del crimen organizado para seleccionar a los juzgadores.
La reforma, agregó, está generando desconfianza en el ámbito económico y jurídico a nivel nacional e internacional.
La elección en urnas de los jueces, no garantizará una mayor legitimidad ni calidad en sus decisiones, porque los electores de estos no serán los ciudadanos, sino los morenistas que buscan tener “jueces a modo” y dispuestos a actuar conforme a la ideología del partido en el gobierno. Dificultará aún más el acceso a la justicia a las personas que menos tienen.
Los cambios no incluyen la asignación de más presupuesto para mejorar la operación del sistema de justicia, aunado a que no abarca las vertientes de las fiscalías de justicia en el país ni el mejoramiento de los cuerpos policíacos.
No prevé el incremento del número de jueces y juezas en el país, alertó, al recordar que el déficit en esa materia es preocupante, ya que, en promedio, México debería tener 65 juzgadores por cada 100 mil habitantes, cuando tiene apenas 4.4, lo anterior, de acuerdo a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Alertó que la reforma no garantiza que habrá menos injusticias en el país, por el contrario, “politizará” la impartición de justicia y los mecanismos de control y disciplina en el Poder Judicial.
Lo anterior, sin olvidar que la norma puede ser violatoria del T-MEC, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que entrará a revisión en el 2026, dentro de dos años.
“La aprobación de la reforma implicaría la violación por parte de México de lo que dispone el T-MEC, en materia de inversiones, pues no garantiza que el país cuente con un Poder Judicial imparcial, transparente y garante de los derechos de los inversionistas”, sentenció.