Integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expusieron durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los riesgos que representa la reforma judicial para los derechos humanos, el Estado de derecho y la independencia judicial.
En este marco, la jueza Abigail Ocampo Álvarez, directora nacional de Atención a Juzgados Especializados de JUFED, destacó que esta reforma es regresiva, además de que busca concentrar el poder en una sola persona.
“Hoy le digo al mundo, esta reforma al Poder Judicial de México es regresiva sobre las condiciones de vida y sobre los derechos humanos, económicos, sociales, civiles y laborales en la vida de las personas juzgadoras y la única finalidad que tiene es concentrar los tres poderes de la unión en una sola persona”.
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Juzgadores exponen ante la ONU riesgos de la reforma judicial
Asimismo, Ocampo Álvarez destacó que la elección de jueces implica un riesgo para la independencia e imparcialidad de los impartidores de justicia.
“La elección popular de jueces puede incrementar el riesgo de los candidatos a personas juzgadoras a que busquen complacer a quienes los proponen, a sus patrocinadores de campaña, entre ellos al crimen organizado o a los propios votantes, lo que implica emitir resoluciones violando la independencia y la imparcialidad”.
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¿Se requiere una reforma judicial?
Por su parte, Diego Valadés Ríos, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó que se requiere de una reforma, pero enfatizó que ésta debe estar enfocada en combatir problemáticas como el déficit de juzgadores, ya que actualmente nuestro país cuenta con 5 jueces por cada 100 mil habitantes, frente a la media europea que es de 19.
Del mismo modo, el extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) destacó que otra de las problemáticas a combatir es la falta de regulación de las escuelas de derecho.
“También sabemos que hay otras limitantes que afectan el acceso a la justicia y su ejercicio como el caso de contar en México con 2 mil 300 escuelas de derecho que carecen de todo tipo de regulación en cuanto a su calidad profesional y también carecemos de la colegiación obligatoria de los abogados, por lo cual no existe un órgano incumbido de certificar la calidad profesional y la idoneidad ética de quienes litigan en los juzgados”.
En tanto, Mayra González Solís, magistrada de circuito, puntualizó que el respeto a la división de poderes es la base fundamental de la democracia.