La Cámara de Diputados recibió a través de su Dirección Jurídica, las notificaciones de juzgados de Chiapas y Morelos en que se solicita poner pausa a la discusión de la reforma judicial.
La tarde del sábado 31 de agosto, el Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa envió los oficios referentes a los incidentes de suspensión, asociados a los juicios de amparo promovidos por los juzgados Tercero de Chiapas y Quinto de Morelos.
El recinto informó que el amparo fue promovido en el Juzgado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por Ismael Arroniz Palacios, Jorge Alberto Orantes López, Mario Felipe Mata Ríos y Mario Alberto Rivera Rivera.
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Morena no acatará órdenes judiciales
En tanto, la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) advirtió que su mayoría no acepta ni cumplirá las órdenes judiciales de suspender la discusión y aprobación de la reforma al Poder Judicial y también, en caso de que se apruebe en el Congreso de la Unión, no sea enviada a los congresos de estatales.
El líder parlamentario de esa fracción y también presidente de la Junta de Coordinación en San Lázaro, Ricardo Monreal, descalificó los recursos legales.
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Las órdenes de los jueces son inadmisibles, ilegales, injerencistas, absurdas y groseras, al igual que el intento de impedir el avance de la reforma por la vía del amparo.
“Es inadmisible e improcedente toda resolución de cualquier juez o autoridad sobre el desempeño constitucional jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que violente la Constitución y el principio de legalidad, e invada facultades y funciones del Legislativo”, anotó en su cuenta en la red social X, antes Twitter, @RicardoMonrealA.
A la publicación hecha la tarde de este sábado 31 de agosto, añadió un video de cinco minutos donde explicó por qué la mayoría morenista a su cargo, no acatará las órdenes señaladas.
“Es inaudito que los quejosos, es decir, que quienes promueven el amparo sean los propios titulares de los juzgados de distrito. En tales premisas, esta mayoría legislativa categórica y enérgicamente determina que no se somete ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen, porque no tienen competencia para ello”, atajó.
“Tolerar que, dentro del procedimiento de reformas constitucionales que tiene encomendado el Poder revisor en la Constitución, para que intervenga otra persona ajena al Congreso de la Unión, no podemos admitirlo, es inadmisible porque implicaría subordinar la voluntad del pueblo depositada en esta Soberanía y en los congresos de las entidades federativas a una injerencia indebida y grosera que no tiene sustento constitucional”, remarcó.
Monreal Ávila agregó que la mayoría morenista actuará “con energía, con firmeza” frente a los recursos promovidos por los juzgados de Chiapas y Morelos.
Afirmo que quienes rechazan la reforma judicial, porque quieren mantener privilegios están cayendo en la desesperación, intentando bloquear la reforma.
Enfatizó que sólo el Congreso de la Unión tiene facultad de revisar la Constitución y aprobar reformas a eses texto.
En los mismos términos se expresó el vocero de la fracción morenista en San Lázaro, Arturo Ávila, en su cuenta en X, @arturoavila_mx.
Cámara debe proceder por la vía institucional
Por su parte, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) y vicepresidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, dijo que si la Cámara no está de acuerdo con los fallos judiciales sobre la reforma en cuestión, debe proceder por la vía institucional.
También en su cuenta en la red social X, @kenialopezr, indicó que las dos suspensiones provisionales con respecto a la propuesta del Ejecutivo para el Poder Judicial, han generado un rechazo en la fracción parlamentaria mayoritaria.
Ante los hechos, indicó que “lo legal y correcto es que la Cámara de Diputados siga los canales institucionales establecidos, si los legisladores del partido en el gobierno no están de acuerdo con las medidas cautelares impuestas, que las impugnen y sea resuelto por un Tribunal Colegiado”.
López Rabadán señaló que esa es la vía adecuada para evitar que el país caiga en una crisis constitucional y se establezcan “precedentes peligrosos”.
Indicó que como legisladora panista, expresa al igual que el resto de sus compañeros “respaldo firme” al Poder Judicial, sus trabajadores y a los jóvenes estudiantes que salieron a manifestarse este domingo 1 de septiembre.
Acatar las suspensiones judiciales
La Cámara de Diputados debe ser la garante de la Carta Magna, añadió.
“No hacerlo constituiría un desacato a la ley y a la Constitución misma, un acto que representaría una traición y una acción grave para la vida política y parlamentaria de México”, alertó.
Convocó a los morenistas y aliados en el Legislativo a mostrar prudencia, respetar el Estado de Derecho y someter las acciones legislativas a la ley.
“Lo legal es que la Cámara de Diputados siga los canales institucionales, lo que implica acatar las suspensiones provisionales y detener el proceso legislativo provisionalmente hasta que se resuelva la impugnación”, remarcó.