La titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Luisa María Alcalde, fue denunciada por intervenir de manera irregular en el proceso electoral, y por incurrir en anomalías como abuso de funciones y conflicto de interés, informó la integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, María Elena Pérez-Jaén.
La servidora pública violó la ley al entrometerse sin tener facultades en el proceso electoral en curso, haciendo anuncios e interpretaciones sobre resultados electorales y utilizar el cargo para favorecer al partido político al cual pertenece.
No solo afectó los principios de legalidad, imparcialidad y certeza en los comicios, sino que su conducta representa conflicto de interés, ya que también busca ser la dirigente de su partido, el del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
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Por esos hechos, Alcalde Luján fue denunciada ante el Instituto Nacional Electoral (INE); la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).
“La intervención de la Secretaría de Gobernación, de Luisa María Alcalde, de esta chica, en relación al proceso electoral, así como sus intervenciones en las conferencias matutinas del Presidente de la República (…) resultan intrusivas pues careciendo de competencia e invadiendo una esfera ajena, amén de vulnerar el principio de imparcialidad electoral, Luisa María Alcalde, interpretó los conteos preliminares del INE declarando anticipadamente y sin facultades legales, los resultados”, dijo.
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Ello, para difundir a nivel nacional que su partido y fuerzas políticas aliadas habrían obtenido la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, en relación al número de votos obtenidos en las urnas el pasado 2 de junio.
Esto, sin que la autoridad electoral federal haya determinado la asignación de las diputaciones federales y senadurías plurinominales formalmente, abundó.
A las faltas a la norma que la integrante del gabinete del Gobierno Federal cometió, se suman violaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General en materia de Delitos Electorales, así como interferencia en el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios federales, dijo.
Puntualizó que los días 3 y 5 de junio pasados, así como los días 17 y 24 de julio, Alcalde hizo pronunciamientos sobre el proceso electoral y no solo eso, sino que interpretó y anunció resultados.
El ejercicio ilícito del servicio público es un delito contemplado en el Código Penal Federal, recordó.
“¡Que ya se calle la boca, la señorita!”
Consultada sobre las sanciones a las que la denunciada podría hacerse acreedora, la parlamentaria habló de una posible inhabilitación.
Aunque la señalada dejará su puesto en Gobernación en los próximos días, la norma aplicable a los servidores públicos contempla la inhabilitación para ejercer otras responsabilidades en la administración pública.
Tras recordar que en julio pasado ella presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, haciendo notar las irregularidades de la responsable de la política interior, advirtió que su exigencia es que deje de entrometerse en asuntos electorales.
“Estos pueden ser desde amonestaciones hasta la inhabilitación. Yo incluso en una de las denuncias estoy solicitando como una medida cautelar, que sea separada de su cargo. Si ella se va el 31 de agosto, qué le importa (…) porque ella aspira a ser presidenta de Morena, no le importa que la inhabiliten, pero incluso puede llegar a la inhabilitación en el servicio público”, remarcó.
“Pero sin duda lo que debería hacer por lo menos, es pedirle que siga, ¡ya que se calle la boca la señorita, que ya se calle la boca!, ¿qué tiene que andarse metiendo?”, lanzó la integrante de la bancada panista.