Más de 170 organizaciones, periodistas, académicos y ciudadanos advirtieron que es sumamente grave que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados haya acelerado la discusión sobre la eliminación de varios órganos constitucionales, ya que no han analizado a fondo las implicaciones de estas reformas.
Al respecto alertaron que de aprobarse, se abandonaría la posibilidad de construir alternativas que fortalezcan un andamiaje legal e institucional desde un enfoque progresista de las obligaciones del Estado mexicano.
Ejemplificaron que el hecho de trasladar las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a otras dependencias y órganos del gobierno es contrario a los avances registrados en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales construidos a lo largo de los últimos 20 años .
Te podría interesar
Al respecto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha referido la importancia de qué exista en el orden normativo una institución que cuente con independencia, tanto financiera como política, para centralizar y canalizar la solicitudes de información a fin de que pueda proteger mejor el derecho y centralizar los esfuerzos por recabar la información pública.
Asimismo, dijeron, es primordial mencionar que la desaparición de otros organismos autónomos y reguladores como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, también representaría un retroceso significativo toda vez que fueron creados para contar con instancias especializadas en sus respectivas áreas, independientes del poder político de los gobiernos en turno.
Te podría interesar
Finalmente señalaron que es necesario que el Congreso de la Unión garantice el derecho humano a la participación activa en los asuntos públicos del Estado, que preserve la autonomía de los organismos reguladores y garantes de derechos fundamentales a partir de procesos de designación rigurosos y objetivos y que haga un análisis exhaustivo y genuino sobre las implicaciones de las iniciativas propuestas.