La extorsión de grupos del crimen contra escuelas debe ser denunciada por la ciudadanía ante el Ministerio Público, con el fin de atender el asunto y contar con cifras que permitan conocer la dimensión de los hechos, planteó la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Flora Tania Cruz.
La integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el recinto admitió que las personas no denuncian los hechos por temor a represalias de quienes cometen el crimen.
También, por desconfianza en las autoridades judiciales y en su capacidad para investigar los delitos, dar con los responsables y pararlos.
“En el tema de seguridad sabemos que los ciudadanos tienen que levantar la voz, pero levantar la voy decir que algo sucede en la comunidad, ya sea educativa o ya sea en la comunidad, en el entorno es ir con la instancia correspondiente a levantar la denuncia”, expresó.
“Decir ante algún ministerio o ante la autoridad de la ciudad en la que se encuentren, si algo está sucediendo al interior de la comunidad educativa, si son víctimas de extorsión o denunciarlo, verdad. Mucha gente lo calla por miedo o por la desconfianza que le tienen a las autoridades que se encuentran en el área judicial”, abundó.
Sin cifras oficiales sobre extorsión a escuelas
Cuestionada respecto al número de casos de extorsión que existen, indicó que hay una estadística a nivel nacional respecto a la incidencia de ese delito, y los congresistas llegan a tener conocimiento sólo cuando padres de familia o profesores lo informan.
Admitió que esa falta de información es lamentable, porque impide conocer a ciencia cierta la dimensión de la problemática y atenderla.
“A nosotros no nos ha llegado ese tipo de información, conocemos lo que nos… de tener contacto con los maestros en nuestras ciudades y nuestros distritos y es es lo que se manejan ciertas cifras negras porque hasta eso ni siquiera están bien actualizadas, no hay estadística real, son cifras negras”, externó.
Indicó que cada estado de la República debería contar con protocolos de acción ante ese tipo de sucesos, con el fin de que la comunidad educativa, incluyendo padres, directores y maestros, puedan tomar medidas preventivas.
La responsabilidad ante los hechos, abundó la diputada Cruz Santos, también es de las autoridades de seguridad y justicia en cada entidad.