QUINTANA ROO

SEMARNAT debe entregar información relacionada con base militar y Aeropuerto de Tulum: SCJN

La mayoría de los ministros determinó que la entrega de la versión pública no compromete la seguridad nacional, pues excluye detalles técnicos y ubicación específica del proyecto.

'Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto”.
"Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto”. Créditos: Cuartoscuro
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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó dos resoluciones del INAI en las cuales, se ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregar una versión pública de la resolución sobre el cambio de uso de suelo forestal para la construcción de una base militar y el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, Quintana Roo.

Durante la sesión de este martes, la mayoría de los ministros determinó que son infundados los recursos de revisión en materia de seguridad nacional que promovió la Consejería Jurídica de la Presidencia en contra de dicha resoluciones.

El ministro ponente Alberto Pérez Dayán, explicó que la persona que solicitó la información únicamente se refería a las posibles afectaciones al medio ambiente por la construcción de la terminal aérea y la base militar, además de que el órgano de transparencia ordenó la entrega de una versión pública que no pone en riesgo la seguridad nacional.

“Se explica que no le asiste razón a la Consejería Jurídica cuando aduce que el acceso a la totalidad de la información potencializa un riesgo o amenaza a la seguridad nacional, dado que el INAI autorizó la entrega únicamente de la versión publica de la resolución que le fue requerida”, señaló.

Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama afirmó que la difusión del documento permitiría que se generen riesgos potenciales en la infraestructura nacional.

“La difusión del documento permitiría que se generen riesgos potenciales en la infraestructura nacional aeroportuaria y de defensa mediante la entrega de datos que dan cuenta de su diseño, trazos e instalaciones, terminales, trazos e instalaciones, terminales, plantas y pistas y su entrega posibilitaría la realización de sabotajes que podrían en grave riesgo actividades esenciales de comunicación y de defensa”, indicó.

El proyecto aprobado concluye que la Consejería Jurídica de la Presidencia no demostró que alguna parte del procedimiento administrativo de solicitud de impacto ambiental contuviera características técnicas y concretas de ubicación y coordenadas del proyecto, las cuales se encuentran reservadas.