La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a nivel federal, debe emprender acciones inmediatas para combatir la extorsión que afecta a comerciantes y quienes llevan a cabo actividades económicas en todo el país, demandó el líder de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.
El legislador hizo un llamado urgente a la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Icela Rodríguez a que “haga su trabajo” y actúe para desmantelar las bandas de extorsionadores que operan en todo el país.
Moreira Valdez exigió que se haga lo necesario para proteger a quienes laboran en el sector pesquero, hotelero, restaurantero y demás comercios, de los grupos de extorsionadores.
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A través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en que se pide al Poder Legislativo respaldar el llamado a atender con urgencia la grave problemática de la extorsión, el líder del tricolor en San Lázaro también pidió que las investigaciones por casos como el del asesinato de la presidenta del sector pesquero en el estado de Baja California, Minerva, Pérez, avancen.
A la Fiscalía General del estado de Baja California, pidió esclarecer los hechos, dar con los responsables del asesinato de Pérez Castro y sancionarlos en los términos de la ley.
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A la Secretaría de Seguridad federal, pidió desmantelar las bandas de extorsionadores y que se dedican al cobro de piso en todo el territorio nacional y que tiene una repercusión no sólo en materia de seguridad y justicia, sino en la dinámica económica en sectores como el agropecuario, provocando alza de precios en alimentos.
Enfatizó que cada vez son más los casos de víctimas y personas afectadas por el delito de la extorsión en distintos puntos del país, de quema y destrucción de establecimientos a los que se somete al cobro de piso, así como de asesinatos de quienes se atreven a denunciar.
Señaló que si bien el llamado urgente es a la Secretaría de Seguridad Federal, también se exige a las autoridades estatales y municipales a que en el ejercicio de sus facultades y cumplimiento de responsabilidades, intervengan en lo inmediato para combatir, perseguir y sancionar esos actos delictivos.
Como ejemplo de lo que ocurre en todo el territorio nacional, recordó que el pasado 8 de julio, la presidenta en Baja California, de la Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras y Acuícola (CANAINPESCA), Minerva Pérez, fue asesinada después de plantear públicamente las denuncias del sector por el cobro de piso y extorsiones por parte de grupos delincuenciales.
Los hechos registrados en Ensenada, Baja California, son una muestra de lo que se vive en el país en torno al ilícito referido, y de las omisiones de las autoridades en los tres órdenes de gobierno, alertó.
Agregó que los reportes del Gobierno Federal respecto a que la violencia y el delito en el país van a la baja son ficticios, ya que el cobro de piso va a la alza y en el territorio nacional lo que ocurre es que “hay un segundo Estado, y es el que lidera la mafia”.