Los derechos de los trabajadores de entidades de la República que no han entregado a la Federación el control de sus servicios de salud, para sumarlos al IMSS-Bienestar, deben ser respetados, demandó el integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Éctor Jaime Ramírez.
El también secretario de la Comisión de Salud en el recinto, presentó a nombre de sus compañeros de fracción, una iniciativa de reforma para establecer en la Ley General de Salud, que el presupuesto, las plazas y basificación de los trabajadores del sector “se repartan entre todas las entidades federativas”, independientemente de si los estados firmaron o no, convenios con el IMSS-Bienestar.
Despidos por no firmar con el IMSS-Bienestar
Al demandar que la ley ampare los derechos laborales de los trabajadores de la salud, denunció que éstos están siendo despedidos injustificadamente, en entidades que no han aceptado entregar sus sistemas de salud al organismo señalado.
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Se trata de trabajadores de estados como Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco y Chihuahua, que están siendo despedidos pese a que llevan más de 16 años de antigüedad, y están siendo contratados como personal nuevo, sin reconocer su antigüedad y con salarios más bajos.
Es una represalia del Gobierno Federal contra los gobiernos de oposición, aunado a que se están violando los derechos de los empleados, recalcó.
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Asimismo, recriminó, se obliga al personal a cambiar de sede a otros estados.
Ramírez Barba recordó que los convenios con el IMSS-Bienestar implican que las entidades involucradas queden “ahorcadas”, entregando sus recursos financieros, materiales y humanos, incluyendo infraestructura hospitalaria y hasta el personal.
“Los funcionarios del IMSS-BIENESTAR anunciaron que no habrá suficiente dinero para basificar al personal de los estados no adheridos, a pesar de que el presupuesto existe para 2024, con una bolsa de 6 mil millones de pesos”, afirmó.
Presiones del IMSS
Agregó que de acuerdo al director del IMSS, Zoé Robledo, que preside la Junta de Gobierno del nuevo organismo, mil 579 trabajadores de salud de estados no afiliados, sólo tendrán “ampliación de contrato” con la Federación por tres meses.
En ese lapso, los gobiernos estatales tendrán que valorar si federalizan, es decir, entregan sus servicios de salud al sector central, o se encargan por sus propios medios cómo garantizar la contratación.
El legislador panista, citando al director Robledo Aburto, indicó que este habló del ofrecimiento de reubicación en otras unidades de salud y a otros estados, a los trabajadores de entidades no afiliadas.
Según el servidor público federal, 735 trabajadores habrían aceptado cambiar de unidad o de entidad, 239 están en proceso de reubicación y mil 579 son los que se mantienen en las condiciones actuales.
“Exigimos que la federación envíe a nuestros estados los recursos que les corresponden por ley para la contratación de los profesionales de la salud. ¡No vamos a ceder a la federación lo que nos corresponde para darle a la población los servicios de salud que merece! ¡No vamos a permitir que despidan a nuestros trabajadores de la salud en nuestras entidades federativas!” externó.
Hay dinero para salud
Calificó como “criminal” el modo en que se ha emprendido el proceso de centralización de los servicios de salud, cuando hay millones de mexicanos sin seguridad social que requieren atención y cuando se pretende dejar a las entidades federativas que no han firmado los convenios, sin los recursos federales destinados para ello.
Recordó que en el Presupuesto 2024, se estableció que el dinero para la “Atención a la salud de personas sin seguridad social”, concentrado en el Ramo del gasto 47, para Entidades no Sectorizados, tiene una partida de 6 mil 631 millones de pesos que deben ser utilizados en creación de nuevas plazas, y éstas deben distribuirse de manera equitativa en todo el país, recalcó.
Indicó que en el Ramo 12 de Salud, del gasto federal, también hay dinero para creación de plazas a través del programa de “Formación y capacitación de recursos humanos para la salud”, que cuenta con 410 millones de pesos.
De modo que hay recursos suficientes y disponibles, ya que forman parte del Presupuesto aprobado, para pagar a los trabajadores de la salud, de modo que no hay razón para restringir ni condicionar la distribución de esas partidas, incluyendo a los estados que no se han sumado al IMSS-Bienestar.
“Exigimos que los recursos asignados para la creación de plazas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, así como en los presupuestos de los años venideros, se distribuyan de manera equitativa en todas las entidades federativas del país. No se debe discriminar injustamente a los trabajadores de los estados que no han firmado acuerdos de centralización”, insistió.