La Secretaría de la Función Pública (SFP) debe revisar las declaraciones patrimoniales de los titulares de las dependencias de la administración pública federal, con el fin de asegurarse de su veracidad, pidió la integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, María Elena Pérez-Jaen.
La congresista hizo el planteamiento a través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Demandó que la dependencia a cargo del secretario Roberto Salcedo lleve a cabo auditorías, revisiones e investigaciones, para corroborar que la evolución del patrimonio de los secretarios de Estado y titulares de distintas entidades de la administración pública federal, es legal.
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La Función Pública debería debe comprobar la información declarada por los sujetos obligados y de encontrar irregularidades, iniciar las investigaciones del caso.
Cuándo el patrimonio de los funcionarios del Gobierno Federal muestre signos de “riqueza notoriamente superior” a sus ingresos, se debe investigar si esas posesiones son o no justificadas y en caso de verificar anomalías, investigar los hechos.
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Funcionarios quitan y ponen propiedades
Al advertir que el despacho federal a la que se refirió como un cascarón vacío” y el secretario Salcedo Aquino han dejado de cumplir con sus obligaciones y no están revisando los casos de corrupción al interior del Gobierno Federal, la congresista llamó a que se lleven a cabo las tareas correspondientes en el marco de la ley.
Recordó que en semanas pasadas, durante el mes de mayo, personalmente acudió a la SFP a presentar denuncias en contra de la extitular de la Secretaría de Energía (SENER), Rocío Nahle, y contra el secretario federal de Turismo, Miguel , por las inconsistencias en sus respectivas declaraciones patrimoniales.
Los señalados no declararon la posesión de vehículos, bienes inmuebles e incluso su participación en empresas y los ingresos de las mismas, aunado a que en algunos años, sus reportes en la materia incluyeron distintos bienes, y en otras ocasiones los hicieron desaparecer.
Todo ello, sin que la autoridad en la materia hiciera pronunciamiento alguno ni iniciara por sí misma, sino hasta que se presentaron denuncias, las revisiones necesarias para asegurar que la información presentada fuera veraz y no existieran casos de enriquecimiento inexplicable.
Señaló que en el ejercicio de analizar y comparar la información oficial presentada por esos servidores públicos, han salido a la luz distintas irregularidades.
“Al analizar y comparar sus declaraciones, patrimoniales, iniciales, de modificación y de conclusión de encargo, se aprecia que a los funcionarios de la cuarta transformación se les olvida qué bienes tienen, desde cuándo los tienen y cuáles son sus especificaciones o incluso olvidan que los tienen”, denunció.