La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados demandó que en el estado de Veracruz, las autoridades judiciales no se dejen presionar por la gobernadora electa Rocío Nahle, para impedir que el senador electo Miguel Ángel Yunes, pueda rendir protesta como integrante del Legislativo federal.
Los panistas en San Lázaro, encabezados por el coordinador Jorge Romero, afirmaron que Nahle García está interviniendo para que las denuncias contra Yunes Márquez, por no acreditar su residencia en la entidad señalada, surtan efecto.
Es persecución política, acusan en el PAN
“Las y los legisladores de @AccionNacional solicitamos a la Fiscalía General del Estado de Veracruz actuar sin presiones por parte de la gobernadora electa Rocío Nahle sobre el caso del senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez”, externó Romero Herrera en su cuenta en la red social X, antes Twitter, @JorgeRoHe.
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En una serie de mensajes alusivos, el líder de los panistas en San Lázaro calificó como “contradictorio” que una mandataria electa pida apresurar procesos judiciales contra los adversarios, lo cual tiene “claros tintes de persecución política” y no exija con la misma contundencia, que delitos como homicidios y feminicidios en la tierra veracruzana, se esclarezcan.
¿Cuáles son las declaraciones de Nahle sobre Yunes?
En redes sociales y una comunicación oficial, advirtieron que declaraciones de la exsecretaria de Energía a nivel federal, respecto a que la Fiscalía veracruzana “se tardó” en investigar a Yunes Márquez por una denuncia presentada desde 2021, tienen como fin empujar a la institución referida a tomar una resolución contra el panista.
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Los dichos de Nahle García, respecto a que la autoridad judicial debería ser “más enérgica” y pedir que el señalado no rinda protesta como miembro del Senado de la República, son excesivos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya valoraron las denuncias señaladas, en el marco del proceso electoral de este año, y las desestimaron, afirmaron.
Recordaron que el pasado 14 de junio, el legislador electo fue llamado a declarar por el caso señalado.
En consecuencia, hicieron un llamado a la Fiscalía local a cumplir sus funciones de manera autónoma e imparcial, con respecto “a las circunstancias relativas al senador electo”.
Exigieron que las diligencias del caso se apeguen a derecho, garanticen el cumplimiento del principio de presunción de inocencia y se evite el uso de las instituciones de la entidad para ejercer una persecución política.
“Resulta imperativo que la Fiscalía General del Estado de Veracruz actúe con objetividad, imparcialidad y sin influencias externas que puedan desvirtuar el proceso judicial”, solicitaron.