El Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa revocó la suspensión provisional que se le había concedido a la asociación Educación con Rumbo para que el gobierno federal realizará los trámites para aplicar la prueba PISA a estudiantes de 15 años en 2025.
Por unanimidad, el órgano jurisdiccional aprobó el proyecto del magistrado David García Sarubbi, quien argumentó que no está claro si dicha prueba forma parte de un parámetro de control constitucional y de derechos humanos que puedan ser protegidos mediante amparo.
“Se califican como fundados los agravios, a través de los cuales las autoridades aducen que con la concesión se estarían dando efectos constitutivos. En el proyecto se dice que la prueba PISA es un instrumento de medición, cuya adopción, en este momento, no es posible definir si forma parte del parámetro de control constitucional, sino, en todo caso, se observa que es un instrumento de política pública que, si bien pudiera ser benéfico, no se niega, para el derecho a la educación, su utilización se ubica en el ámbito de las políticas públicas y no del contenido de obligaciones constitucionalmente exigibles”.
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En este contexto, Ana Luisa Hortensia Priego Henríquez, titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en materia Administrativa, resolverá el 27 de mayo si concede la suspensión definitiva, para lo cual ya contará con informes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
A su vez, Educación con Rumbo denunció ante la juzgadora la violación a la suspensión provisional, pues las autoridades educativas no acreditaron estar realizando los trámites para participar en la prueba PISA.