Los ciudadanos que poseen empresas y realizan actividades comerciales en establecimientos formales, deberían tener derecho a poseer armas para garantizar su seguridad y utilizarlas en legítima defensa, propuso el integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Santiago Torreblanca.
El legislador propuso modificaciones al artículo 10 constitucional, para establecer las disposiciones señaladas, incluyendo restricciones.
Pidió agregar al texto constitucional que quien tenga un establecimiento “dedicado a la actividad comercial, ubicado en un inmueble”, podrá usar armas con fines de seguridad.
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Excepto las que prohíba la ley y las que estén reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente.
Armas para defensa propia
En la iniciativa que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales del recinto, el promovente argumentó que es necesario dar al ciudadano el derecho de defenderse a sí mismo y sus bienes, incluso con armas.
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Torreblanca Engell manifestó que su objetivo es garantizar el acceso a la defensa legítima y válida ante abuso de la criminalidad, para defender sus bienes, patrimonio, su libertad y su vida.
Indicó que la medida podría inhibir la comisión de delitos que afectan a quienes realizan actividades comerciales, ya que delincuentes que no cuenten con armas y otros instrumentos para amenazar y hacer daño a terceros, podrían abstenerse de incurrir en ilícitos como el robo.
Añadió que en caso de delincuentes armados o con mayor capacidad de ejercer violencia, sabrán que arriesgan su vida si el comerciante opone resistencia y tendrá permiso de la ley para defenderse a sí mismo, a sus bienes y a terceros, utilizando armas de fuego.
Robo a comerciantes
El legislador señaló que la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2022 (ENVE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reflejó que en 2021, en el 75.2 por ciento de los asaltos a empresas privadas en la Ciudad de México, se llevaron a cabo utilizando arma de fuego; y en más del 15 por ciento de las veces, el delincuente portaba armas punzocortantes.
La medición agregó que en el 60.9 por ciento de los casos referidos, sólo participó un delincuente, y en el 19.1 por ciento de los casos, actuaron dos o más personas.
En cuanto a la extorsión a comercios, la encuesta arrojó que el 47.8 por ciento se llevaron a cabo de manera presencial; el 37.4 por ciento a través de llamadas telefónicas y el 12.2 por ciento, vía internet.
La situación reflejada en las cifras oficiales es “desoladora” para quienes tienen un negocio o trabajan en uno, expresó el congresista.
El asedio constante de la delincuencia a los negocios, empresas y comercios formales justifica la propuesta de reconocer el derecho constitucional de los ciudadanos en el país, a ejercer la defensa propia para mantener su seguridad, tranquilidad, proteger el patrimonio propio, a sus familias y en suma, a “ser libres”, dijo.