Las reformas en materia de educación inclusiva aprobadas en la Cámara de Diputados y el Senado de la República son de celebrarse, indicó la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del recinto, Gabriela Sodi.
La congresista indicó que con esa norma se cumple la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó al Congreso de la Unión legislar adecuadamente en esa materia y llevar a cabo una consulta popular para adecuar la ley.
“Celebrar y hacer mención que el día jueves 25 de abril del presente año, el Senado de la República aprobó por unanimidad la minuta que reforma la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva. Tenía por objetivo dar cumplimiento a la sentencia de la acción de inconstitucionalidad (…) aprobada por el pleno de la Suprema Corte, relativo a la educación inclusiva, y por la falta de consulta a las personas con discapacidad”, expresó.
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Cumplir la ley en materia de educación inclusiva
La integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que tras el cumplimiento de las disposiciones judiciales por parte de los legisladores federales, que estaban en falta al aprobar los cambios señalados sin consultar a la población objetivo, el siguiente paso es convocar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a cumplir su parte.
La dependencia federal deberá garantizar la inclusión de los alumnos con discapacidad y aplicar los recursos públicos que sean necesarios para ello, recalcó.
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Sodi Miranda explicó que cuando las cámaras del Congreso llevaron a cabo la consulta que la Corte instruyó, los expertos participantes, así como los representantes de organizaciones de personas con discapacidad, encontraron que la inclusión de alumnos en esas condiciones, en las escuelas del país, debe ser integral.
No será suficiente que se envíe a los estudiantes con algún tipo de discapacidad a un solo grupo o salón, ya que cada uno tiene necesidades distintas que requerirán atención diferenciada.
Señaló que en la aplicación de la ley, será relevante que la autoridad educativa y federal deje de intentar recortar los recursos al sector, como se pretendió hacer en su momento con la traducción y disposición de materiales educativos en Braille, dirigidos a los educandos con discapacidad visual.
“Hay que orientar a la Secretaría de Educación Pública, tanto la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Diputados y todos los involucrados que son las personas con discapacidad, para que en vez de ir avanzando les quiten derechos, como es en este caso el Braille, como es en este caso la accesibilidad, como es en este caso de ser incluidos en los sistemas y que cada uno tiene necesidades específicas que tiene que revisar la Secretaría de Educación Pública y eso tiene un costo”, alertó.
Sodi Miranda recordó que en México se estima, habitan al menos 20 millones de personas con algún tipo de discapacidad y los alumnos que pertenecen a esa población, necesitan condiciones adecuadas para ejercer su derecho de acceso a la educación.