En la Cámara de Diputados se requieren acuerdos para cumplir con las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y aprobar una Ley General de Aguas, manifestó el coordinador parlamentario del Movimiento Ciudadano (MC), Braulio López Ochoa.
Lo anterior, luego de que el Alto Tribunal emplazara al Congreso de la Unión a informar en un lapso de no más de 10 días, en qué estado se encuentra la dictaminación de un proyecto en la materia.
Al respecto, el legislador federal recordó que hace 12 años se integró a la Carta Magna el derecho al agua, pero aún no se cuenta con la ley reglamentaria que lo haga posible.
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Subrayó que México vive una evidente crisis hídrica y se requiere un sistema normativo que permita hacerle frente.
López Ochoa Mijares se pronunció a favor de un “nuevo trato por el agua”.
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“La crisis hídrica es una realidad y necesitamos un esquema que nos permita hacerle frente. Pasaron 12 años desde la reforma constitucional del derecho humano al agua y saneamiento, es necesario llegar a acuerdos para tener un marco regulatorio que lo tutele. #NuevoTratoPorElAgua”, anotó en su cuenta en la red social X, antes Twitter, @Braulio_Lom.
En la víspera, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, Marcela Guerra, hizo alusión a la notificación de la Corte, que resolvió pedir al Congreso informe en un plazo de 10 días, en qué fase del proceso legislativo se encuentra la emisión de una Ley General de Aguas.
También solicitó se presente un cronograma de trabajo específico para cumplir con la orden de avalar la ley reglamentaria faltante.
La diputada Guerra Castillo indicó que tras haber recibido la comunicación de la Corte, se notificará oficialmente a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para que aliste la respuesta.
Agregó que el tema del agua es de seguridad nacional, subrayó que en el país más de 21 millones de personas no tienen acceso al recurso, y se requiere una inversión de al menos 86 mil millones de pesos al año, para cumplir con la garantía de acceso al recurso.
La congresista del PRI incluso consideró que para ello, podría intervenir la inversión pública y también la privada.