El Gobierno Federal y el de la Ciudad de México, deben dejar de “politizar” la situación de las madres buscadoras dedicadas a la localización de sus familiares desaparecidos, demandó la integrante de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Ana Lilia Herrera.
La congresista pidió que la Cámara y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pidan a las instancias de gobierno señaladas, no revictimizar a las buscadoras, como hicieron con la activista Cecilia Flores.
Ello, después de que Flores Armenta replicara las denuncias respecto a la existencia de un crematorio clandestino en la alcaldía Iztapalapa y acudiera a la capital del país a cerciorarse de los hechos, acción que fue descalificada por el Presidente de la República y el Jefe de Gobierno capitalino.
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En un punto de acuerdo presentado formalmente, demandó que diputados federales y senadores expresen su respaldo y condenen las descalificaciones de altas figuras en la esfera gubernamental hacia activistas e integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos.
Herrera Anzaldo recordó que por el hecho de denunciar públicamente la existencia del crematorio clandestino donde presuntamente habrían sido localizados restos humanos, la activista Cecilia Flores sufrió el peso del aparato de gobierno a nivel Federal y capitalino, lanzado en su contra.
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Indicó que después de hacer la denuncia pública, el pasado 30 de abril, el gobierno capitalino envió a elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) a verificar el lugar, pero en realidad lo hizo para desmentir a Flores Armenta.
Pidió no olvidar que el propio Jefe de Gobierno, Martí Batres, descalificó a la buscadora, al asegurar que se prestó a un “montaje”, y que en menos de 24 horas, la Fiscalía desestimó que los restos hallados en el lugar correspondían a humanos, afirmando que eran huesos de perros.
Trato inhumano a buscadoras
Ante los hechos, la legisladora hizo un llamado a sus pares en la Cámara de Diputados y el Senado, a fin de condenar el trato inhumano y la revictimización de la que fue objeto la buscadora Cecilia Flores, desde la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la ciudad.
La postura asumida por el Presidente y el Jefe de Gobierno, advirtió Herrera, entorpece, dificulta y echa por la borda la peligrosa labora asumida por las buscadoras, de localizar los restos de sus seres queridos, ante la negligencia de la propia autoridad.
Tal actitud debería ser condenada y el Presidente, tanto como el Jefe de Gobierno, deberían limitarse a informar claramente sobre el tema de la búsqueda de personas desaparecidas, ofrecer los datos técnicos que sean indispensables sin afectar el rumbo de las investigaciones y reservar sus calificativos y opiniones personales sobre las activistas, como una muestra de respeto, planteó.
De igual modo, la legisladora federal indicó que la Fiscalía capitalina tiene el deber de investigar todas las denuncias por desaparición de personas, y desahogar las diligencias periciales de todos aquellos que lo requieren, para esclarecer los casos pendientes.
Subrayó que en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, ya más de 99 mil 729 reportes inscritos, y tan sólo en los primeros cuatro meses de este 2024, se sumaron otros 2 mil 599 casos.